Un informe de la ONG Environmental Justice Foundation (EJF) documenta una situación de sobreexplotación de la jibia en el Océano Pacífico Sudeste y atribuye el problema a vacíos normativos y deficiencias en la fiscalización. El reporte registra operaciones opacas de una flota de 528 buques dentro del área de la llamada Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, y subraya el papel de Chile en los controles portuarios regionales.
Según el mismo informe, Chile desembarcó más de 105.000 toneladas de jibia en 2023, y en 2024 esa actividad mostró un crecimiento del 56%. Estos datos, aportados por EJF, sitúan a nuestro país entre los principales actores de la pesquería en la zona, lo que aumenta su responsabilidad en prácticas sostenibles.
Desde el punto de vista biológico, la jibia es un cefalópodo. Los cefalópodos suelen tener ciclos de vida cortos y reclutamiento poblacional muy variable, características que los hacen sensibles a la sobrepesca y a cambios ambientales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Esto significa que una presión de pesca sostenida puede producir colapsos de stock rápidos y con recuperación incierta.
El impacto para Chile puede ser directo y social. Además de la amenaza ecológica, una reducción sostenida de jibia afectaría a comunidades costeras, puestos de trabajo en la pesca y la industria procesadora y exportadora que depende de estos desembarques. Con más de 100.000 toneladas en la balanza, cualquier ajuste en la disponibilidad del recurso tendría consecuencias económicas locales.
¿Qué medidas pueden tomarse? El informe de EJF apunta a problemas de regulación, transparencia y control. A partir de prácticas internacionales y recomendaciones habituales en gestión pesquera, las acciones concretas que podrían considerar autoridades y la industria incluyen: Fortalecer la fiscalización en puertos, con registros claros de desembarques y mayor transparencia sobre la propiedad y nacionalidad de los buques. Mejorar la vigilancia de la flota mediante sistemas de monitoreo satelital (VMS) y cobertura de observadores independientes a bordo. Implementar límites de captura basados en evaluaciones científicas periódicas, y aplicar un manejo precautorio ante incertidumbre en los datos. Fomentar cooperación regional en la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, para coordinar sanciones y medidas de control. Que la industria adopte due diligence en sus cadenas de suministro y prácticas de trazabilidad para asegurar origen legal y sostenible.
Corresponde que agencias chilenas como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), y los centros de investigación como el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), den respuesta técnica y administrativa al informe. EJF plantea fallas estructurales; ahora es necesario evaluar stocks, cerrar vacíos legales y mejorar la fiscalización para prevenir un daño mayor al recurso y a las personas que dependen de él.
Fuentes: informe de Environmental Justice Foundation (EJF); datos y contexto biológico referidos a la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
