En Venezuela, la ONG Foro Penal informó este domingo que, desde la promulgación de la Ley de Amnistía el jueves pasado, comenzaron a ejecutarse liberaciones de personas detenidas por motivos políticos. Alfredo Romero, director presidente de la organización, detalló en la red social X (antes Twitter) que las salidas se produjeron entre el viernes y las 12:00 hora local del domingo, y que en todos los casos los beneficiados obtuvieron libertad plena.

Romero precisó que, además de esas salidas, en total 464 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero. La misma publicación señaló que las identidades de las 16 liberaciones confirmadas no fueron reveladas. Foro Penal también mantiene un registro según el cual hay más de 600 personas aún detenidas por motivos políticos y estima que al menos 400 podrían quedar excluidas por la redacción de la norma.

El anuncio del Parlamento venezolano lo hizo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y dirigente chavista, quien dijo el sábado que se estaban dando “cientos de liberaciones” derivadas de la Ley de Amnistía. Rodríguez mencionó que los primeros casos atendidos salieron de calabozos como la llamada Zona 7 y de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la agencia de inteligencia venezolana conocida por custodiar a detenidos por delitos de seguridad del Estado. La Plataforma Unitaria Democrática, coalición opositora, dijo haber verificado 19 liberaciones hasta la noche del sábado.

La Ley de Amnistía abarca, en teoría, el periodo entre 1999 y 2026, pero contiene referencias a 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que deja fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años y excluye expresamente casos vinculados a operaciones militares. Ese diseño abre la puerta a interpretaciones y apelaciones jurídicas, y es la base del cálculo de Foro Penal sobre los cientos de personas potencialmente excluidas.

En el plano político, la disparidad entre las cifras del Gobierno, la ONG y la oposición subraya un problema de transparencia. El Ejecutivo niega la existencia de presos por motivos políticos y afirma que los detenidos cometieron delitos, posición que rechazan la Plataforma Unitaria Democrática y varias ONG defensoras de derechos humanos. La falta de listados públicos, la reticencia a identificar a los liberados y las salidas con condiciones en excarcelaciones anteriores complican la verificación independiente.

Para Chile y la región, el caso venezolano mantiene relevancia por su impacto en la negociación política interna y en las relaciones exteriores con gobiernos y organismos que presionan por claridad sobre derechos humanos. Lo inmediato es la necesidad de mayor información pública sobre quiénes quedaron efectivamente libres, las razones por las que otros podrían ser excluidos, y si la ley dará paso a recursos judiciales o a una agenda de reconciliación real. Mientras tanto, la comunidad internacional y las ONG seguirán verificando caso a caso la implementación de la amnistía.