Este miércoles, durante un seminario en la Universidad Católica, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, Dipres, José Ignacio Llodrá, salió a aclarar la polémica generada por una circular que llevaba a la deliberación de descontinuar varios programas de cara al Presupuesto 2027, entre ellos el programa de alimentación escolar. Llodrá contextualizó que la circular buscaba identificar problemas en la ejecución de la política pública y que la palabra empleada, descontinuar, podría haberse reemplazado por reformular para mantener el objetivo central sin deshacerse de la intervención.
El economista reforzó que, frente a esa discusión, nadie dice que haya que eliminar la política detrás del programa; se propone, más bien, que se ejecute de otra manera, con un diseño alternativo que permita llegar al mismo fin. “Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación escolar, sino que debe reformularse para llegar al mismo objetivo”, citó como idea clave. Además explicó que, este año, el proceso se adelantó para ganar tiempo y que, al revisar programas, se entrega una recomendación, pero la circular no indicaba una eliminación de funciones, sino una reformulación inicial.
La finalidad, añadió, es que estas evaluaciones se hagan anualmente y que, en esta ocasión, la innovación fue adelantar etapas para que los servicios públicos dispongan de más tiempo para ajustar acciones. En ese marco, insistió en que no se trata de recortar de forma arbitraria, sino de arreglar o rediseñar instrumentos para mantener el objetivo social sin duplicar costos. Este tema forma parte de un debate mayor sobre la modernización del Estado y la eficiencia del gasto público en Chile.
Para las familias y comunidades escolares, la lectura práctica es simple: el compromiso con la alimentación de los estudiantes no está en riesgo de desaparecer, sino que podría adaptarse a través de un nuevo formato que conserve el apoyo y los resultados, pero con herramientas diferentes. En esa línea, el foco está en la implementación y en que cualquier cambio mantenga la cobertura y la calidad del programa sin sacrificar su objetivo social.
