El Ejecutivo calificó como infundadas las imputaciones del embajador Judd, y aseguró que la preocupación de Estados Unidos por el proyecto del cable se remonta a 2016, según el comunicado oficial difundido esta semana, cuya fecha no fue precisada en el documento. La respuesta busca cerrar una controversia que mezcla diplomacia, regulación internacional y decisiones sobre infraestructura digital.
La versión del Gobierno de Gabriel Boric, presidente de Chile, sostiene que las inquietudes estadounidenses sobre el proyecto vienen de años atrás, y no son una reacción nueva al proceso en curso en Chile. En el mismo comunicado, La Moneda dijo que las afirmaciones “se fundan en una premisa que es falsa”, frase que sintetiza el rechazo oficial a las imputaciones señaladas por el representante estadounidense.
Según la nota gubernamental, las compañías asiáticas involucradas en el proyecto están siendo objeto de revisión por parte de la Federal Communications Commission, FCC, la comisión reguladora de telecomunicaciones de Estados Unidos. El Gobierno chileno expone esto para contextualizar que las reservas norteamericanas tendrían antecedentes regulatorios externos y no una aparición súbita en la relación bilateral.
El comunicado no consigna en detalle las declaraciones públicas del diplomático identificado solo como Judd, ni ofrece en el texto nombres completos o pruebas que respalden la acusación original. En la prensa y en redes circulan versiones distintas sobre el alcance de las imputaciones, lo que deja la disputa en un terreno todavía abierto entre documentación oficial y versiones públicas.
La tensión pone en primer plano preguntas sobre gobernanza de infraestructura digital en Chile, sobre todo cuando proyectos de conectividad pueden implicar actores y normas que trascienden fronteras. Expertos en políticas públicas y telecomunicaciones suelen recordar que la participación de empresas extranjeras en redes sensibles no solo es un asunto técnico, sino también político y diplomático.
A corto plazo, la controversia probablemente derive en solicitudes de aclaración mutua entre la Cancillería chilena y la embajada de Estados Unidos en Santiago, además de un mayor escrutinio público sobre los antecedentes del proyecto. En el mediano plazo, la discusión subraya la necesidad de transparencia en adjudicaciones y de marcos regulatorios que protejan la autonomía del sistema digital chileno sin aislarlo de los circuitos globales de inversión y tecnología.
