La reciente junta de accionistas de Codelco tuvo una virtud que no es menor: el país pudo asistir, de manera pública, a un análisis franco del estado de situación y de los desafíos de la principal empresa del Estado. Ante los evidentes problemas de Codelco, una de las llaves de éxito que el propio debate dejó entrever —aunque de forma implícita— es la necesidad de enfatizar y profundizar las asociaciones público-privadas (APP) como herramienta de gestión de riesgos y de acceso a financiamiento.
Codelco enfrenta una cartera de inversiones gigantesca, una caja presionada por la entrega de excedentes al Fisco y un nivel de deuda que ya preocupa. En ese contexto, insistir en que la empresa “lo haga todo sola” no es defender a la empresa estatal; es, en los hechos, contribuir a su asfixia financiera.
La pregunta ya no es solo qué problemas tiene Codelco, sino con qué instrumentos jurídicos y financieros pretende enfrentarlos. La experiencia acumulada Codelco no parte de cero.
Tiene una práctica acumulada de asociaciones que debiera asumirse como política y no solo como anécdota. La compleja negociación con Anglo American Sur terminó en una solución transaccional que dio lugar a una estructura societaria con participación relevante de Codelco y de Mitsui.
Más recientemente, la Estrategia Nacional del Litio ha colocado a Codelco como vehículo principal para articular alianzas con privados en salares estratégicos: el entendimiento con SQM en el Salar de Atacama es un caso claro de APP, con fuerte control público de la renta, compromisos de inversión privada significativos y una distribución de riesgos tecnológicos, de mercado y regulatorios que ningún actor podría asumir solo. Estos ejemplos, junto a experiencias como El Abra, muestran que Codelco sí sabe asociarse.
