Claudio Alvarado, biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno (Segegob), cerró la puerta al despliegue de las Fuerzas Armadas en ciudades. Lo hizo tras las presiones de alcaldes que exigían militares en las calles. La demanda surgió después de la muerte de un menor en San Bernardo. El niño cayó víctima de una encerrona, modalidad delictiva en que los criminales rodean un vehículo para robar.
El gobierno eligió otra vía. Anunció más funcionarios de Carabineros y la PDI (Policía de Investigaciones) en terreno, mayor número de patrullas y controles preventivos. Sumó también una coordinación de vigilancia aérea. El mensaje fue claro: el orden público urbano es tarea de las policías, no del Ejército.
"El Gobierno ha optado en este minuto por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos. Se está colocando en marcha un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle, más patrullas en la calle", declaró Alvarado.
El biministro delimitó el rol castrense con precisión. Los militares seguirán en la Macrozona Norte, apoyando el control de fronteras, y en la Macrozona Sur, enfrentando la violencia en esa zona. "Son situaciones excepcionales", subrayó. Fuera de ellas, los soldados no intervienen en seguridad ciudadana.
La presión de los alcaldes reabre un debate que resurge con cada crimen de alto impacto. Pedir militares en las calles resulta políticamente más cómodo que reconocer que las policías necesitan más recursos. El gobierno resiste esa salida. Militarizar la seguridad sin un marco legal claro genera riesgos institucionales que el Ejecutivo no quiere asumir.
El gobierno no precisó plazos ni montos para el reforzamiento. La vigilancia aérea, según Alvarado, comenzará a coordinarse en los próximos días.
