En la última sesión del Comité de Ministros presidida por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se resolvió acoger recursos y aprobar dos proyectos mayores que estaban impugnados por sus efectos ambientales. La instancia estuvo integrada por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, y sesionó este lunes bajo la administración del presidente Gabriel Boric, quien finaliza su mandato.

El primero de los proyectos aprobado es el denominado “Edificio Makroceano”, impulsado por Makroceano S.A., y ubicado en la Región de Valparaíso. El proyecto propone un edificio habitacional de 9 pisos en superficie y 10 subterráneos, con 149 departamentos y 243 estacionamientos. El proponente presentó un recurso contra la calificación ambiental negativa de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso y ofreció nuevas medidas de compensación en biodiversidad. Tras los informes de los organismos técnicos y el análisis del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, el Comité acogió la reclamación y revocó la decisión regional, dejando el proyecto con aprobación favorable y una inversión estimada de US$48 millones.

La empresa Makroceano expresó su conformidad con la decisión. "Queremos manifestar nuestra total conformidad por la decisión de la máxima autoridad ambiental de resolver a favor de la construcción de nuestro proyecto", dijo la firma. El expediente del proyecto registra un proceso que se prolongó por más de cuatro años, según la propia empresa.

El segundo avance corresponde a la adecuación operacional de la faena de Minera Caserones, en la Región de Atacama. El Comité acogió las reclamaciones y calificó favorablemente las modificaciones operacionales presentadas por la empresa, por un monto de US$150 millones. Los informes técnicos que analizaron la iniciativa señalaron cambios que, según la administración del proyecto, son necesarios para su continuidad operativa.

En la sesión también se decidió excluir del listado de revisión al proyecto inmobiliario Maratué, de la familia Lería, emplazado en la Región de Valparaíso y con una inversión declarada de US$2.500 millones. Maratué es hoy el proyecto de mayor monto pendiente ante el Comité de Ministros, y su exclusión deja esa decisión para la siguiente etapa administrativa.

Políticamente, la resolución tiene doble lectura. Los proponentes y las inversiones asociadas se anotan una victoria clara: recuperan viabilidad administrativa antes del cambio de gobierno. Por el contrario, grupos ambientalistas y comunidades locales que cuestionaron ambos proyectos pierden una instancia de revisión inmediata. Históricamente, el Comité de Ministros ha reversado decisiones regionales en casos controvertidos, lo que refuerza el rol decisorio central del Ejecutivo en evaluaciones ambientales complejas.

Para la ciudadanía local, las aprobaciones implican potenciales efectos económicos y sociales: inversiones que pueden generar empleo y actividad económica en Valparaíso y Atacama, pero que también reabren debates sobre fiscalización, uso del suelo y recursos hídricos en zonas sensibles. Queda por ver cómo se implementarán las nuevas compensaciones anunciadas por Makroceano y cuáles serán las medidas de seguimiento para la adecuación en Caserones.

El próximo paso es la vigilancia técnica y administrativa de ambos proyectos, y la posibilidad de nuevas impugnaciones legales si actores afectados consideran insuficientes las condiciones fijadas. La exclusión de Maratué traslada una decisión de alto impacto económico y territorial al próximo gobierno, lo que mantendrá la presión política sobre la agenda de obras e inversión en la Región de Valparaíso.