El Ayuntamiento de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, autorizó este miércoles al alcalde y a la Fiscalía municipal a integrarse en la causa que sigue la Justicia italiana en Milán por el llamado "Safari de Sarajevo", la investigación sobre si extranjeros pagaron para disparar contra civiles durante el asedio de la ciudad entre 1992 y 1996.

La decisión, informada por la agencia de noticias bosnia Fena, encomienda a la alcaldía y a la fiscalía local a tomar "todas las medidas legales necesarias" en el proceso penal que se tramita ante la Fiscalía de Milán, la oficina del ministerio público en la ciudad de Milán, Italia. Con esa votación, Sarajevo participa por primera vez institucionalmente en un litigio internacional vinculado a los crímenes cometidos contra sus ciudadanos durante el asedio.

Durante el asedio de cuatro años murieron más de 11.000 personas, entre ellas unos 5.500 civiles y alrededor de 1.600 niños, según las cifras históricas sobre la capital bosnia. Las fuerzas serbobosnias y paramilitares provenientes de Serbia ocuparon las colinas que rodean Sarajevo y las líneas de francotiradores causaron gran parte de la violencia urbana que marcó ese periodo.

El caso resurgió tras una denuncia presentada en noviembre pasado por Ezio Gavazzeni, escritor y periodista italiano, ante la Fiscalía de Milán. La investigación que lleva adelante la Fiscalía de Milán baraja el delito de homicidio múltiple con los agravantes de "motivos abyectos" y "crueldad". A comienzos de este mes un primer investigado declaró y negó su culpabilidad, según consta en la causa.

El paso de Sarajevo tiene valor simbólico y práctico. Institucionalizar la participación municipal puede facilitar el acceso a archivos, testimonios y peritajes locales, y también dar mayor peso político a la acción judicial en Italia. Sin embargo, las vías penales enfrentan obstáculos: la dispersión de pruebas, el tiempo transcurrido desde los hechos y la necesidad de cooperación internacional complican las posibilidades de condenas individuales, más aún cuando hasta ahora ningún francotirador ha sido juzgado con éxito en tribunales bosnios o internacionales.

Aunque líderes serbobosnios como Radovan Karadžić, exlíder político serbobosnio, y Ratko Mladić, excomandante militar serbobosnio, fueron condenados a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya, Países Bajos, por genocidio y crímenes de guerra, las muertes causadas por tiradores aislados en las calles de Sarajevo no habían sido objeto de condenas específicas. La incorporación de Sarajevo a la causa en Milán abre una nueva vía para buscar responsabilidades y puede reactivar el debate sobre memoria, reparación y justicia para las víctimas y sus familias.

Los próximos pasos formales incluirán la coordinación entre la fiscalía municipal de Sarajevo y la Fiscalía de Milán, la posible presentación de pruebas adicionales por parte de la ciudad y la fiscalía, y la expectativa de nuevas declaraciones de testigos. Para muchos sobrevivientes y organizaciones de memoria en Bosnia, la medida es vista como un avance necesario, aunque incierto, hacia una rendición de cuentas que hasta ahora ha sido parcial.