Mauricio Hernández Norambuena, exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que cumple condena por secuestro y homicidio, podría ser devuelto al penal de Rancagua desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), donde fue trasladado recientemente. Así lo estableció un informe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, que concluyó que sus condiciones actuales de reclusión no cumplen con los estándares de trato digno exigidos por el derecho nacional e internacional.
El documento fue ordenado por el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que la defensa del condenado cuestionara cómo el traslado afectó sus condiciones carcelarias y el cumplimiento de su pena. Al realizar la inspección en terreno, el equipo del departamento recogió el testimonio del propio Hernández Norambuena.
El condenado, de 68 años y con enfermedades crónicas, describió allanamientos frecuentes a su celda, uso permanente de esposas durante cualquier desplazamiento, bajas temperaturas y restricciones para acceder a materiales de lectura. También denunció que el traslado interrumpió los programas de reinserción y las atenciones médicas y psicológicas que recibía en Rancagua, algunas de ellas autorizadas previamente por la justicia.
El informe advierte que la situación podría deteriorarse física y mentalmente bajo el régimen del REPAS, y que ese régimen no sería compatible con normas internacionales para el trato a personas privadas de libertad, especialmente cuando se trata de adultos mayores con enfermedades crónicas. El departamento también constató que el condenado no recibió información clara sobre las razones del cambio de recinto.
Tras revisar la normativa chilena, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el departamento formuló dos recomendaciones al tribunal: devolver a Hernández Norambuena al penal de Rancagua y restablecer sus atenciones de salud y los programas de reinserción suspendidos.
La familia del 'Comandante Ramiro' ya había acusado al senador y líder del Partido Republicano José Antonio Kast de ser responsable del traslado, calificándolo de una "revancha de la extrema derecha". Ahora será el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago quien deba resolver si acoge las recomendaciones del informe elaborado por la propia institución penitenciaria.
