Perú vive un nuevo capítulo de inestabilidad institucional. José María Balcázar, de 83 años y presidente del Congreso elegido por su cámara, asumió la Presidencia interina el 18 de febrero de 2026 por sucesión constitucional. Las elecciones están convocadas para el 28 de julio de 2026.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, ciudad del norte de Perú, resolvió pasar a juicio oral una causa contra Balcázar por presunta apropiación ilícita común, según el artículo 190 del Código Penal peruano. La acusación señala como agraviado al Colegio de Abogados de Lambayeque. La audiencia de inicio de juicio oral fue fijada para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 horas. El tribunal autorizó que la sesión sea presencial o virtual, por ejemplo mediante Google Meet.

El auto judicial ordena notificar formalmente al imputado, a su defensa, al fiscal acusador, a testigos y a peritos. Advierte que la asistencia del imputado es obligatoria. Si Balcázar no concurre sin justificativo, el tribunal puede declararlo reo contumaz, emitir órdenes de captura y continuar el proceso sin su presencia.

Consecuencias A corto plazo, la citación complica la agenda de la Presidencia interina y agrava la percepción de fragilidad institucional en Perú en plena transición electoral. Si se declara reo contumaz, el Estado puede ejecutar medidas coercitivas que afectan la imagen pública y la capacidad de representación del mandatario interino.

En la región, la situación suma incertidumbre política que puede traducirse en menor confianza de inversionistas y en mayor cautela entre socios comerciales. Para Chile, es relevante por la cercanía política y económica con Perú; cualquier escalada podría repercutir en cooperación bilateral, flujos comerciales y en capítulos migratorios vinculados a estabilidad institucional.

El Poder Judicial ha decidido avanzar a la etapa de juzgamiento formal tras cumplir las etapas previas de investigación y control de la acusación. Esto muestra que la justicia busca procesar causas sensibles, incluso cuando los imputados ocupan cargos de máxima responsabilidad.

Históricamente, en la región varios exmandatarios peruanos han enfrentado procesos penales, como el ex presidente Alberto Fujimori, lo que sitúa este hecho en una tradición de rendición de cuentas judiciales que convive con episodios de polarización política. Quién gana y quién pierde es claro en lo inmediato: gana la acción judicial que avanza en su trámite; pierden la estabilidad política y la credibilidad del gobierno interino; pierde el ciudadano común, que enfrenta más incertidumbre en plena transición.

Quedan preguntas abiertas. No está confirmado si Balcázar comparecerá el 16 de junio, ni cómo afectará esto al calendario electoral. Tampoco se puede anticipar el resultado probatorio del juicio. En ese marco, la transparencia del proceso y el respeto al debido proceso serán claves para contener el impacto político y social en Perú y en la región.