El Tribunal Oral de Antofagasta reprogramó para el 1 de junio el inicio del juicio oral contra Andrés Sutar Araya, único imputado por el femicidio de la influencer antofagastina Javiera Jimenez Galleguillos, luego de que su abogado particular no se presentara a la audiencia preparatoria.

La decisión del tribunal se tomó en la mañana, cuando se constató la ausencia del defensor. La Fiscalía de Antofagasta, a través de la fiscal Ana María Escobar, explicó que sin una contraparte técnica no es posible celebrar el juicio oral y que el tribunal declaró abandonada la defensa. "Sin abogado defensor no se puede llevar a cabo un juicio oral, por lo tanto el tribunal declaró abandonada la defensa, fijó una audiencia para que él pudiera justificar la falta de comparecencia y fijó un nuevo día y hora para llevar a cabo esta audiencia", dijo la fiscal Escobar.

Ante la imposibilidad de continuar, el tribunal solicitó la designación de un defensor penal público, la institución estatal encargada de representar a imputados que quedan sin representación. El tribunal además fijó una audiencia para que el abogado ausente comparezca y justifique su inasistencia antes del nuevo inicio del juicio.

La madre de la víctima, Gladys Galleguillos, manifestó en el exterior del tribunal su indignación y cansancio por la demora: "Llevo cuatro años pidiendo justicia, que todavía no se puede lograr hemos tenido que vivir un karma tantos años y que todavía no se puede hacer justicia, es una burla para mi y mi familia", dijo.

Desde la defensa, el abogado Víctor Contreras argumentó que su inasistencia se debió a motivos médicos que, según dijo, informó previamente al tribunal. Contreras agregó que la estrategia de defensa apuntará a la absolución de Sutar. El propio defensor también señaló que el imputado actualmente cumple una condena previa de 16 años por robos con violencia vinculados a trenes con cobre y otros delitos, según registros judiciales citados por la defensa.

En cuanto a los hechos investigados, la investigación judicial consignó que el rastro de la joven se perdió en 2022. Según la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile, conocida por sus siglas PDI, el imputado fue detenido en Bolivia en enero de 2025 y, un mes después, la PDI halló el cuerpo de la víctima enterrado en la pampa, a un costado de la Ruta B-400, en el sector indicado por el detenido.

El caso vuelve ahora al calendario judicial con la fecha del 1 de junio como inicio previsto del juicio oral, sujeto a la posible intervención de la Defensoría Penal Pública si el tribunal confirma la ausencia de defensa técnica. El tribunal fijó además una audiencia previa para que la defensa justifique la inasistencia; de no acreditarse razones válidas, el proceso avanzará con defensor público para evitar nuevas dilaciones, según informaron desde la Fiscalía.