Militantes de la Democracia Cristiana y familiares visibilizaron en la marcha del 8 de marzo el caso de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González Torres, desaparecida desde el 14 de junio de 2025.
La columna regional del partido dedicó su presencia en la movilización a exigir “verdad y justicia” por la autoridad comunal, con lienzos, fotografías y poleras con su rostro. Antes de sumarse a la marcha, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Democracia Cristiana, Paulina Mendoza, acompañó a las hijas de la concejala en el acto conmemorativo realizado en el palacio de La Moneda.
“En el contexto del 8 de marzo, como Democracia Cristiana hemos decidido relevar la desaparición de nuestra camarada concejala de Villa Alegre”, dijo Mendoza durante el encuentro con militantes que marcharon portando pancartas con la imagen de la autoridad.
Los organizadores recordaron que González Torres, de 73 años y en su quinto periodo como concejala, era reconocida por su trabajo comunitario y su labor fiscalizadora en la comuna. La desaparición de una autoridad elegida localmente generó preocupación en organizaciones sociales y en sectores de la política que han seguido el caso.
La exministra y actual secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, emplazó al Estado a esclarecer lo ocurrido. “El Estado tiene una deuda pendiente, porque una autoridad de este país que en plena democracia desapareció. Han pasado meses y no hay ningún elemento que nos permita entender qué ocurrió con María Ignacia González”, afirmó Krauss.
Según los asistentes y la directiva regional del partido, han transcurrido más de nueve meses sin respuestas públicas que expliquen el paradero de la concejala. Familiares y la colectividad pidieron específicamente avances a las instituciones encargadas de la investigación y a los organismos del Estado.
El caso figura entre las causas que investiga el Ministerio Público. Hasta ahora no se han conocido informes públicos que expliquen las circunstancias de la desaparición, y la familia mantiene la demanda de informes claros sobre las diligencias realizadas y los resultados obtenidos.
La movilización del 8 de marzo dejó en evidencia la preocupación política y social por la situación de seguridad y protección de autoridades locales, y reforzó el llamado de la Democracia Cristiana a que las instituciones, incluido el Ministerio Público y las autoridades comunales de Villa Alegre, informen los próximos pasos de la investigación.
La colectividad anunció que continuará realizando acciones públicas para que el caso no quede en el olvido y para presionar por respuestas que permitan a la familia y a la comunidad conocer la verdad sobre lo ocurrido con la concejala.
