El proyecto de cable submarino China-Chile Express (CCE) está impulsado por un consorcio liderado por las tres grandes telecomunicaciones estatales de China, que propone unir Valparaíso con Hong Kong, y ha generado cuestionamientos sobre seguridad y soberanía digital en las últimas semanas. La propuesta, que incluye la constitución en Santiago de CMI Chile SpA el 18 de agosto con un capital de US$ 3 millones, habría motivado además la revocación de visas de tres funcionarios del gobierno chileno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
Según fuentes que han seguido las tratativas, el consorcio estaría integrado por China Mobile International (CMI), China Unicom y China Telecom, mientras que la empresa HMN Tech sería la encargada del despliegue físico del tendido submarino. CMI, a través de su filial China Mobile International UK Limited, constituyó la sociedad local CMI Chile SpA y designó a Shuai Liu como gerente general de la filial en Chile. El trazado propuesto conectaría Valparaíso, Chile, con Hong Kong, trayecto que en la práctica cruzaría el Pacífico y entra directamente en la discusión sobre rutas de datos intercontinentales.
El interés de estas firmas estatales chinas en operar un cable transpacífico choca con una creciente preocupación internacional por el control de infraestructuras críticas de comunicaciones. Estados Unidos ha expresado reparos similares en otros proyectos y, según reportes, vio el CCE como una potencial amenaza para la seguridad regional. Para Chile esto significa un dilema: por un lado, la llegada de inversión y conectividad de alta capacidad; por otro, el riesgo de dependencia de operadores con vínculos directos al Estado chino y las implicancias para la privacidad y la seguridad del tráfico de datos.
Desde el punto de vista técnico y económico, un cable directo entre Valparaíso y Hong Kong podría reducir latencias y costos de interconexión para empresas chilenas, centros de datos y usuarios finales, potenciando el comercio digital con Asia. Sin embargo, expertos en seguridad cibernética y autoridades internacionales llaman a evaluar garantías legales y operativas, como cláusulas de acceso, servidores espejo, acuerdos de mantenimiento y mecanismos de supervisión que eviten control unilateral del cable.
La reacción del gobierno chileno y de organismos reguladores será clave. El ministro Juan Carlos Muñoz, titular del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), ha sido uno de los funcionarios vinculados a las tratativas; la revocación de visas a funcionarios, de confirmarse plenamente su origen y motivación, complica aún más las negociaciones diplomáticas y comerciales. En la esfera internacional, la situación ejemplifica la tensión entre la lógica de inversión global en infraestructura digital y la realidad geopolítica de una multipolaridad en la que China pretende asegurar rutas de comunicación estratégicas.
Para Chile y América Latina, el episodio impone varias preguntas: qué garantías exige el Estado para proteger datos sensibles y tráficos críticos, cómo compatibilizar acceso a inversión con seguridad nacional, y cuál será la postura regional frente a proyectos de infraestructura promovidos por empresas estatales chinas. En las próximas semanas se esperan definiciones sobre permisos, marcos regulatorios y eventuales condicionamientos técnicos que determine el MTT y otras autoridades involucradas, mientras Estados Unidos y otros actores externos seguirán vigilando un proyecto que trasciende lo técnico y toca directamente las relaciones estratégicas en el Pacífico.
