El Presidente Gabriel Boric Font cerró su visita a Juan Fernández participando en una navegación por un área marina protegida y en la inauguración de kayaks comunitarios financiados con el Fondo de Equidad Territorial, y firmó un proyecto de ley que busca normar la residencia, permanencia y traslado en el archipiélago.

La firma se realizó junto al ministro Nicolás Cataldo, al alcalde Pablo Manríquez, a los senadores Ricardo Lagos Weber y Juan Ignacio Latorre, al diputado Nelson Venegas y a la comunidad del poblado de San Juan Bautista. En la actividad, Boric destacó el valor ambiental del territorio y la necesidad de proteger especies como el picaflor de Juan Fernández y los lobos de pelo fino. "Estamos dando una señal potente de compromiso con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo responsable del Archipiélago", dijo el mandatario.

El proyecto de ley buscará regular el ingreso de turistas y visitantes, además del derecho a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el Archipiélago de Juan Fernández. La iniciativa toma como antecedente la regulación aplicada en Isla de Pascua con la Ley N° 21.070 (2018), que estableció un marco especial para ese territorio insular.

La visita presidencial incluyó el recorrido de una superficie de 4 hectáreas que forma parte de la red de áreas protegidas del Archipiélago de Juan Fernández, creada en 2018 mediante el Decreto Supremo N° 12 del Ministerio del Medio Ambiente. Esa área protegida busca preservar el ecosistema pelágico, los montes submarinos y la biodiversidad asociada.

Los kayaks comunitarios inaugurados fueron financiados por el Fondo de Equidad Territorial, un mecanismo de financiamiento derivado de la Ley del Royalty Minero que apoya proyectos locales. La entrega se presentó como una medida para fortalecer actividades comunitarias y turismo local sustentable.

En términos políticos, el proyecto otorga al Estado una herramienta normativa para controlar el flujo de personas en un territorio ambientalmente frágil. Ganan la comunidad local y las políticas de conservación, que podrían reducir impactos sobre hábitats sensibles. Pierde, en parte, el turismo no regulado y operadores que dependan de la llegada masiva de visitantes, quienes podrían enfrentar nuevas restricciones y requisitos administrativos.

Para el ciudadano común, la norma promete mayor protección ambiental y seguridad sanitaria en el archipiélago, pero también puede traducirse en límites a la movilidad y en trámites adicionales para residir o visitar las islas. El desafío será equilibrar la protección del ecosistema con la actividad económica local.

El siguiente paso será el trámite legislativo en el Congreso, donde la propuesta deberá ser discutida y votada. Quedan por definir detalles operativos, como los criterios de autorización para residentes y visitantes, los mecanismos de control y las sanciones por incumplimiento. La experiencia de Isla de Pascua servirá de antecedente, pero el texto final y su implementación marcarán el impacto real sobre la vida en Juan Fernández.