La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió la mañana del martes al proyecto de cable óptico submarino transpacífico Chile-China y confirmó que la firma de la concesión, suscrita por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, fue anulada dos días después.

Lobos dijo en conversación con Radio Pauta que Muñoz “tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos, quien levantó algunas preocupaciones, y a raíz de eso el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”. La ministra añadió que los antecedentes relativos a posibles ciberataques fueron trasladados a la agencia de ciberseguridad, la cual no fue identificada en la declaración.

En su intervención la ministra defendió la soberanía del Estado y afirmó "un país soberano no puede dejarse amenazar". También señaló que la decisión debe tomarse en su mérito con todos los antecedentes sobre la mesa y respetando el procedimiento establecido.

El proyecto de cable Chile-China busca conectar directamente la costa chilena con Asia, lo que implicaría mejoras en capacidad y latencia de las comunicaciones. Sin embargo, la intervención diplomática de Estados Unidos introduce un factor geopolítico que obliga a evaluar riesgos de seguridad, dependencia tecnológica y protección de datos.

Políticamente, la pausa beneficia al gobierno porque le permite mostrar cautela y control del proceso, pero también abre espacio a la oposición para criticar falta de transparencia o presunta influencia extranjera. Para los ciudadanos significa un retraso en potenciales mejoras de conectividad y la posibilidad de mayor escrutinio sobre cómo se resguardan sus datos.

En el mismo diálogo Lobos abordó la reforma al sistema político y dijo que el Ejecutivo está dispuesto a bajar el número de firmas exigidas para ciertos trámites, pasando de 0,5% a 0,3% del padrón electoral, fórmula que, según ella, permite viabilizar la iniciativa sin desnaturalizarla.

El siguiente paso es la revisión exhaustiva anunciada por el ministro Muñoz, la evaluación de la agencia de ciberseguridad y la recopilación de antecedentes técnicos y jurídicos. La decisión final, según la ministra, deberá ponderar resguardo de la soberanía, seguridad informática y los procedimientos administrativos vigentes.