La Conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, confirmó que la administración gallega ha procedido al archivo formal del expediente del proyecto industrial que impulsaba la empresa Greenfiber en Palas de Rei, Lugo.
La decisión administrativa se tomó después de denegar la Autorización Ambiental Integrada, el permiso ambiental imprescindible para que la macrocelulosa siguiera adelante, según explicó la Xunta. El ejecutivo regional justificó la negativa apuntando a la ausencia de una conexión eléctrica prevista que sería indispensable para el funcionamiento de la planta, y remitió responsabilidades al Gobierno central de España, presidido por Pedro Sánchez.
El proyecto llevaba meses en el centro de una contestación social sostenida, con protestas ciudadanas y críticas unánimes de ámbitos políticos, sociales y ecologistas de Galicia. El anuncio llega días antes de una comparecencia prevista del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento gallego, donde la oposición reclamaba explicaciones por un protocolo de intenciones suscrito con Greenfiber a través de la sociedad público-privada denominada Impulsa, liquidada recientemente.
Esa pieza del expediente, y el contenido que la Xunta mantiene reservado, abre ahora la duda sobre si la empresa podrá reclamar compensaciones por inversiones realizadas durante los trámites. La propia Consellería no detalló en su comunicado plazos ni pasos administrativos posteriores, por lo que la resolución devuelve el proyecto a la casilla de salida sin cerrar la puerta a una posible reactivación en el futuro.
Con esta decisión, la Xunta despeja la posibilidad inmediata de sumar una segunda pastera a Galicia, además de la planta de Ence en la Ría de Pontevedra. Para sectores sociales y ecologistas locales, el archivo supone el fin de la larga movilización que durante más de un año marcó la agenda regional y condicionó la gestión política de Alfonso Rueda.
Contexto para Chile. Procesos como el de Palas de Rei recuerdan debates que también ocurren en Chile cuando se evalúan grandes proyectos industriales o energéticos. Aquí los permisos ambientales se tramitan ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y pueden ser objeto de reclamaciones ante el Tribunal Ambiental, mientras que las conexiones eléctricas y su planificación dependen del Ministerio de Energía y del operador del sistema, lo que puede condicionar la viabilidad de iniciativas similares. Las movilizaciones ciudadanas, la fiscalización de autoridades y la posibilidad de demandas por compensaciones son elementos recurrentes tanto en Galicia como en proyectos que generan conflicto en Chile.
Estado actual: expediente archivado por la Xunta tras denegar la Autorización Ambiental Integrada; pendiente de posibles recursos administrativos o reclamaciones económicas por parte de la empresa, y de cualquier iniciativa política futura que busque reabrir el proyecto.
