El Programa Mejoramiento de la Gestión, conocido por sus siglas PMG, es un incentivo variable que se otorga a funcionarios públicos por cumplimiento de metas institucionales. La ley que lo regula, la 19.553, lo limita a funcionarios de planta y contrata.

La Fundación Fuerza Ciudadana, liderada por Raimundo Palamara, ex militante del Partido Republicano, ingresó este jueves un requerimiento ante la Contraloría General de la República, el organismo que fiscaliza el gasto público, para que se pronuncie sobre la procedencia legal del pago del bono PMG al presidente Gabriel Boric.

Según los antecedentes conocidos, el complemento habría elevado la remuneración presidencial de 7 a 10 millones de pesos. Presidencia informó que el beneficio se pagó en 2025 de forma trimestral, en marzo, junio, septiembre y diciembre, y que para el Mandatario correspondió a un 18% de las remuneraciones permanentes. En contraste, el PMG que perciben otros funcionarios se estructura como una asignación anual equivalente a 30,6% de sus sueldos. La prensa informó además que el pago sería por metas como la ejecución de un enfoque de género y gestión sustentable.

La presentación de la fundación cuestiona que la ley 19.553 circunscribe el PMG a quienes figuran en la Escala Única de Sueldos, es decir, a funcionarios de planta o contrata. Argumenta que el Presidente de la República, autoridad de elección popular, no está incluido en esa escala, y por tanto no sería sujeto activo del beneficio.

En ese contexto, la Contraloría puede dictar varias salidas administrativas: validar el pago, declarar su improcedencia y ordenar devolución, o emitir criterios que limiten pagos similares en el futuro. Cualquiera de esas decisiones tendrá impacto político inmediato.

Si la CGR considera el pago irregular, gana el cuestionamiento ciudadano sobre probidad y transparencia, y pierde Presidencia en términos de legitimidad política. Si valida el giro, la Presidencia evita un coste político, pero se crea un precedente que puede ampliar la naturaleza de las remuneraciones de autoridades electas.

Para la ciudadanía, la disputa no es solo técnica. Afecta la percepción sobre el uso de recursos públicos y sobre quiénes pueden acceder a incentivos ligados a metas. La Contraloría debe ahora dirimir si la aplicación del PMG en este caso respeta la legalidad vigente, o si exige correcciones para proteger las arcas públicas y la igualdad entre funcionarios.