En la Sala del Senado de Chile, este martes parlamentarios de oficialismo y de oposición expresaron su sorpresa y molestia por la presentación del veto del Ejecutivo al proyecto de ley sobre envejecimiento activo, una iniciativa que había sido aprobada sin votos en contra en la Cámara de Diputados y en el Senado y que incluye un contrato especial para reducir la informalidad laboral entre las personas mayores.
David Sandoval, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, calificó la decisión como "absolutamente inexplicable e inoportuna", en especial por el respaldo transversal que recibió la iniciativa durante toda su tramitación. Sandoval hizo hincapié en datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publicados el 3 de febrero, que muestran que el 58,4% de los mayores en Chile se encuentra en la informalidad laboral, un diagnóstico que, dijo, hace aún más incomprensible el veto.
Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional (RN) de Chile, también lamentó la observación del Gobierno y señaló que las organizaciones de la sociedad civil se mostraron "sorprendidas" por lo que calificaron como una acción extemporánea. Chahuán recordó que el proyecto, denominado de envejecimiento positivo, nació de la fusión de dos mociones parlamentarias de las que son coautores diversos legisladores, junto con un mensaje del presidente Sebastián Piñera.
En la discusión pública, los congresistas criticaron que el Ejecutivo no haya utilizado los mecanismos de indicaciones durante la tramitación y optara por una observación en el último momento. Hasta ahora, desde La Moneda no se ha conocido públicamente una explicación detallada de los fundamentos técnicos o jurídicos que motivaron el veto, según consta en la sesión parlamentaria.
El contenido observado se centraba en un contrato especial pensado para formalizar la ocupación de personas mayores, un grupo que enfrenta precariedad y falta de coberturas laborales. Legisladores y organizaciones de adultos mayores advierten que la demora por la observación presidencial atrasa soluciones concretas para población en riesgo de desprotección.
La reacción en el Congreso abre ahora un escenario legislativo en el que los parlamentarios deberán decidir si insisten en la norma tal como fue aprobada o aceptan la observación del Ejecutivo. Ese debate tendrá implicancias prácticas para miles de trabajadores mayores en Chile, y también tensiona la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Más allá de la discusión nacional, el caso conecta con un desafío regional. La combinación entre envejecimiento poblacional y mercados laborales con alta informalidad es una realidad recurrente en América Latina, y las políticas que busquen formalizar el trabajo de personas mayores pueden servir de referencia para otros países de la región. Para Chile, la disputa pone en evidencia además la necesidad de acuerdos políticos estables que permitan traducir diagnósticos demográficos y laborales en reformas efectivas para la protección social.
