La policía británica detuvo este jueves al príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 años, por sospechas de mala conducta en un cargo público vinculadas a su labor como enviado comercial y al intercambio de correos relacionados con Jeffrey Epstein. Fue interrogado y liberado bajo investigación, y la detención no está vinculada a acusaciones de abuso sexual.

Andrew Mountbatten-Windsor es el duque de York, segundo hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, miembro prominente de la familia real británica. Ha negado de forma sostenida cualquier conducta delictiva relacionada con Epstein. Como antecedente relevante, en 2022 llegó a un acuerdo civil con Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó en Estados Unidos; él negó las acusaciones.

El trasfondo político es claro: la investigación se centra en si utilizó indebidamente su posición pública como enviado comercial del Reino Unido y si compartió información confidencial con personas vinculadas a Epstein, el financiero condenado por tráfico sexual. El caso vuelve a poner en tensión las responsabilidades de figuras institucionales y la transparencia de las instituciones británicas ante escándalos transnacionales.

En Washington, legisladores de ambos partidos presionaron por más transparencia. El representante republicano por Kentucky Thomas Massie y el demócrata por California Ro Khanna, que impulsan una iniciativa para obligar al Departamento de Justicia de EE. UU. a publicar archivos relacionados con Epstein, dijeron que la detención cumple un criterio que habían señalado para avanzar en la transparencia. Massie instó además a que las autoridades estadounidenses actúen para garantizar justicia en su país.

Las reacciones públicas fueron encontradas. Skye Roberts, hermano de Virginia Giuffre, celebró la detención como un avance en la búsqueda de rendición de cuentas. En cambio, el expresidente de EE. UU. Donald Trump calificó el arresto como “una vergüenza” y “muy triste”. Es importante observar que algunas demandas en redes mencionaron nombres como Pam Bondi y Kash Patel; ambos son figuras políticas conocidas en EE. UU., pero no ocupan actualmente los cargos de fiscal general ni de director del FBI, por lo que esas llamadas muestran más bien un componente político y simbólico en la reacción.

¿Por qué importa esto para Chile y América Latina? Primero, es un caso sobre la investigación y rendición de cuentas de élites con redes internacionales, un tema sensible en la región donde existen demandas similares por transparencia y por reparación a víctimas. Segundo, si el Congreso de EE. UU. logra la divulgación de documentos, podrían aparecer evidencias con alcance internacional que ayuden a víctimas fuera de Europa y EE. UU., o que clarifiquen redes de tráfico transnacional. Tercero, el episodio recalca la interacción entre procesos penales, diplomacia y opinión pública, y cómo la actuación de un enviado comercial afecta la credibilidad de un país en negociaciones y relaciones bilaterales; en Chile, la fiscalización de representantes públicos ante irregularidades es una discusión constante.

El caso seguirá en evolución: la investigación en el Reino Unido continúa, y en EE. UU. hay presión política para mayor transparencia sobre Epstein. Más allá del destino judicial de Andrew, el episodio mantiene el foco internacional en cómo se investigan y sancionan los abusos cuando involucran a poderosos, y en la necesidad de cooperación transfronteriza para acceder a pruebas y proteger a las víctimas.