El lunes 23 de febrero, la alocución pública del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre supuestas incursiones en el proyecto del cable submarino activó una cadena de actuaciones oficiales que terminaron en la Fiscalía. En esa conferencia el diplomático dijo que “incursiones de agentes maliciosos” habían puesto en riesgo la seguridad de ciudadanos norteamericanos y chilenos, y ese mensaje público reavivó una investigación que ya estaba en curso.

Según fuentes que participaron de las gestiones, el origen del asunto se remonta al jueves 12 de febrero, cuando Judd entregó en reserva un informe de cuatro páginas al ministro de Seguridad, Luis Cordero. En ese encuentro, el embajador detalló detecciones de inteligencia extranjera sobre intervenciones no autorizadas vinculadas al proyecto del cable submarino y mencionó la posible implicación de empresas de telecomunicaciones nacionales.

Con esos antecedentes, y conforme a protocolos de cooperación bilateral, el secretario de Estado activó las primeras diligencias. El viernes 13 de febrero Cordero remitió un oficio a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, PDI, y solicitó antecedentes a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. El objetivo declarado fue recopilar y contrastar información para evaluar si existía un presunto hackeo que constituyera delito en Chile.

Las fuentes consultadas relatan que las pesquisas que impulsaba la Agencia Nacional de Inteligencia se encontraban en curso cuando la declaración pública del embajador cambió la dinámica. El ingreso del asunto al escrutinio público motivó que el Ejecutivo y las agencias priorizaran la derivación de los antecedentes al Ministerio Público, lo que, en la práctica, provocó la suspensión o el replanteamiento de operaciones internas de inteligencia para no interferir con la investigación judicial.

Desde la PDI confirman que recibieron un oficio del ministerio y que la Brigada de Cibercrimen inició una revisión técnica de la información. La ANI, organismo encargado de coordinar inteligencia en materias de seguridad nacional, solo ha dicho, a través de canales institucionales, que colabora con las indagatorias y que no comentará diligencias en curso. El Ministerio Público, por su parte, no ha informado públicamente sobre formalizaciones; fuentes judiciales indican que los antecedentes fueron ingresados y que evaluarán próximas diligencias.

El caso exhibe tensiones prácticas entre la cooperación internacional en inteligencia y las reglas del proceso penal chileno. Compartir información sensible con autoridades gubernamentales obliga a activar protocolos, pero hacer pública esa información puede forzar el traslado del asunto al Ministerio Público, con el consiguiente cierre temporal de operaciones administrativas o de inteligencia.

En el plano privado, empresas de telecomunicaciones mencionadas en los reportes se mantienen en silencio y, por ahora, no hay denuncias públicas formales por parte de compañías. El país enfrenta un debate recurrente sobre la protección de infraestructura crítica, la transparencia en la recepción de inteligencia extranjera y el resguardo de la privacidad y la seguridad nacional.

El estado actual es que la investigación técnica continúa en la Brigada de Cibercrimen de la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia participa en la entrega de antecedentes y el Ministerio Público tiene en su poder la carpeta ingresada por el Ejecutivo. Las próximas semanas serán decisivas para definir si los hechos constituyen un delito perseguible en Chile y qué responsabilidades, públicas o privadas, deberán aclararse.