La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca agravar las penas por delitos cometidos en recintos educacionales y lo envía al Senado. El respaldo fue de 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, surge como complemento a la agenda Escuelas Protegidas. Entre sus objetivos está endurecer las sanciones en el Código Penal por hechos ocurridos dentro de recintos educativos y sancionar ilícitos contra profesores y asistentes de educación. El texto define a la comunidad educativa como alumnos, padres y apoderados, profesionales, asistentes, equipos docentes directivos y sostenedores. Además, establece sanciones para los padres o representantes legales del estudiante que participen en una agresión contra docentes o trabajadores de la educación. Este paso se enmarca en una agenda de seguridad escolar que ya ha conocido antecedentes en políticas de ese periodo y busca una respuesta legislativa ante la violencia en establecimientos.
La votación mostró una oposición marcada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, y abstenciones de la bancada del Frente Amplio y de varios parlamentarios del Partido por la Democracia, cuyo bloque representa una coalición de centroizquierda. En ese contexto, el proyecto refleja la flexibilidad de la coalición oficialista para avanzar en cambios legales sin un respaldo unánime de la oposición. El Ejecutivo apuesta por un endurecimiento de penas que, según sus promotores, busca disuadir ataques a docentes y funcionarios educativos, con la consecuencia de mayor protección para el personal y para los alumnos dentro de las escuelas.
Analíticamente, este giro legislativo marca un capítulo más en la historia de la seguridad escolar chilena. Se preguntan, por un lado, los ganadores: docentes, directivos y organizaciones que buscan entornos más seguros; y, por otro, los posibles costos para familias y comunidades, así como los impactos en responsabilidad legal de apoderados y cuidadores. En el paisaje político, el paso al Senado abre la puerta a eventuales modificaciones que podrían adaptar la proporcionalidad de las penas o delimitar escenarios de aplicación, conforme a debates históricos sobre libertades individuales y protección de la enseñanza. En síntesis, la iniciativa avanza, con la certeza de que su desenlace definirá estándares de seguridad y responsabilidad dentro de las escuelas chilenas.
Ahora el Senado deberá revisar el texto y decidir si mantiene, modifica o aterriza las sanciones propuestas. El efecto práctico para establecimientos educativos podría verse reflejado en protocolos de convivencia, coordinación entre familias y docentes y, en última instancia, en la dinámica de las aulas, donde la seguridad es un factor determinante para el aprendizaje y la confianza de la comunidad.
