La ministra de Salud, May Chomali, enfrentó una señal de la Subsecretaría del Interior en relación a un proyecto de expulsiones administrativas. En dicho marco, una indicación propone entregar información de pacientes cuando la autoridad migratoria solicite datos, una medida que la cartera de Salud considera vulnera la confidencialidad de la atención sanitaria. Chomali explicó a 13c Radio que esa información está protegida por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y que, por esa razón, la entrega no puede ocurrir. Nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria. Eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente, afirmó la ministra.\n\nDesde la Subsecretaría del Interior, liderada por Máximo Pavez, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), argumentaron que la entrega de información estará sujeta a reserva y debe basarse en fines migratorios específicos, buscando evitar que la indicación se interpretara como una entrega automática de datos de extranjeros en situación irregular. Aun así, la postura de Chomali generó reparos en el Gobierno y en la coalición de derecha, al contravenir la indicación ya ingresada y firmada por el Presidente de la República.\n\nEl giro provocó reacciones en la derecha. El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, sostuvo que “Ningún servicio que atienda inmigrantes ilegales con procesos de expulsión puede estar ajeno al esfuerzo que tiene que hacer el Estado para protegerse”, una frase que puso en evidencia roces internos entre ministerios y el bloque oficialista. En tanto, la ex ministra Marcela Cubillos, mediante su cuenta de X, aseguró que “los ministros no se desmarcan de su propio Gobierno” ante cuestionamientos sobre la cohesión de la coalición.\n\nEste episodio se inscribe en un debate persistente sobre el balance entre la privacidad de datos médicos y las atribuciones de seguridad estatal en materia migratoria. Aunque el Gobierno busca avanzar en normas que regulen expulsiones administrativas, la discusión revela tensiones entre proteger la confidencialidad de pacientes y responder a demandas de control migratorio. En ese contexto, se aguardan definiciones sobre posibles ajustes a la indicación y próximos pasos legislativos.