Las autoridades mexicanas sostienen que la operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue ejecutada por fuerzas de seguridad mexicanas y no han confirmado participación directa de agencias de Estados Unidos. Desde el momento del abatimiento han circulado versiones y publicaciones en redes que atribuyen el resultado a una intervención estadounidense.
Nemesio Oseguera Cervantes era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal mexicana más buscada por varias autoridades regionales y con presencia transnacional en rutas de tráfico de cocaína y otras drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, el ministerio de relaciones exteriores estadounidense, había ofrecido hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura, dentro de los marcos legales de cooperación bilateral.
En redes sociales hubo mensajes que celebraron la acción y atribuyeron la autoría política a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y a Marco Rubio, senador estadounidense por Florida. Un usuario en X publicó "Gracias al Presidente Trump y el Secretario Marco Rubio se está poniendo orden en México", pero no existe una confirmación oficial que respalde la participación directa de Washington en el operativo.
Expertos en seguridad consultados por diferentes medios señalan que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia antinarcóticos suele materializarse en intercambio de inteligencia, apoyo técnico y asistencia judicial, no en operaciones militares unilaterales en territorio mexicano. Esa cooperación respeta, en teoría, la soberanía de México, aunque la forma y el alcance del apoyo suelen variar según las administraciones y los acuerdos vigentes.
La muerte de El Mencho puede tener efectos prácticos en la región. Entre las posibilidades están la fragmentación del Cártel Jalisco Nueva Generación, peleas internas por el liderazgo, y una reconfiguración de rutas de tráfico que podría aumentar la violencia y la competencia entre grupos. Para Chile y América Latina esto implica un potencial cambio en flujos de cocaína y en las redes de lavado de activos, lo que exige coordinación de agencias como la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, y seguimiento de los canales de cooperación judicial y policial regionales.
Por ahora lo clave es que no hay prueba pública de intervención directa de agencias estadounidenses en el terreno. Lo que corresponde es esperar las aclaraciones oficiales del gobierno mexicano sobre quiénes participaron en el operativo, y observar si el abatimiento altera las dinámicas del crimen organizado en México y sus nexos internacionales, incluido el impacto en rutas y mercados en Sudamérica y Chile.
