Parlamentarios de la oposición cuestionaron ante el Tribunal Constitucional (TC) dos normas del proyecto 'Escuelas Protegidas': la que faculta a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar las mochilas de estudiantes sin necesidad de una orden fiscal, y la que prohíbe de por vida el acceso a la gratuidad universitaria a quienes sean condenados por delitos contra la propiedad de recintos educacionales.
Los requerimientos de inconstitucionalidad fueron interpuestos por separado: senadores y diputados de oposición presentaron escritos distintos contra el proyecto, que el Congreso Nacional aprobó el pasado 2 de junio. Este martes, nueve organizaciones expusieron ante el pleno del TC antes de los alegatos del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Ejecutivo, este último representado por el exministro Juan José Ossa.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, respaldó la impugnación y alertó sobre los flancos jurídicos de ambas normas, advirtiendo que podrían vulnerar garantías constitucionales de los menores de edad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, salió a defender la propuesta una vez concluidas las audiencias. "Es un proyecto que fue bien analizado, fue bien pensado. Esperamos tener un resultado que nos permita cumplir con el propósito de entregar herramientas a los establecimientos", dijo la secretaria de Estado. Arzola recordó que la iniciativa surgió a pedido de las asociaciones de padres y apoderados, quienes plantearon sus aprensiones sobre la seguridad de sus hijos al interior de los colegios.
El TC deberá emitir su fallo sobre ambas normas. Si los magistrados acogen los requerimientos, el Gobierno tendrá que reformular aspectos centrales del proyecto antes de que pueda entrar en vigencia.
