Miguel Ángel Calisto llegó al Senado en marzo de 2026 con 19.113 votos y fuero parlamentario recién estrenado. Roland Cárcamo Catalán, su amigo personal y jefe de campaña, pasaba esos mismos días en prisión preventiva, imputado en una causa por fraude al fisco.

Fue desde esa celda que Cárcamo decidió cambiar de estrategia. Despidió a sus abogados, contrató un equipo nuevo y declaró ante el Ministerio Público que su pareja, Carla Graf Toledo, había recibido millonarios pagos del Congreso por orden del senador, sin prestar los servicios para los que fue contratada. Parte de ese dinero, aseguró, sirvió para devolver un préstamo que el propio Calisto le había otorgado.

La declaración no se limitó a eso. Cárcamo también afirmó que el senador pagó al ex fiscal regional Carlos Palma para congelar la investigación en su contra. El Ministerio Público abrió de inmediato una nueva línea investigativa por el supuesto soborno y retomó la ofensiva para conseguir el desafuero del parlamentario, proceso que requiere la aprobación del Senado.

La historia, según informó BioBío Chile, nació de una denuncia anónima presentada el 17 de agosto de 2021. La investigación sospecha que provino del entorno cercano del entonces diputado. El texto apuntaba a irregularidades en la compra de un terreno: Claudio Campusano, un particular, le había prestado $35 millones a Calisto para adquirir una parcela ubicada entre los domicilios de Graf y del propio congresista.

Las cuotas de ese crédito las pagaba Graf, quien estaba contratada como asesora del Congreso por el mismo Calisto. La educadora diferencial percibía remuneraciones que superaban los $3,1 millones mensuales, sin evidencia de que cumpliera funciones reales. El esquema era directo: dineros públicos del Congreso financiaban pagos privados a la pareja del jefe de campaña, que a su vez devolvían el préstamo al senador.

La denuncia también reveló la red de relaciones que rodeaba al entonces diputado: Graf era la cónyuge de Cárcamo, el hombre de máxima confianza de Calisto. El Ministerio Público lleva casi cinco años desenredando ese entramado. Con la declaración de Cárcamo como pieza central, la solicitud de desafuero volverá a la mesa del Senado para que sus pares resuelvan si el parlamentario enfrenta el proceso sin fuero.