La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados votó este martes la idea de legislar el proyecto de sala cuna universal y la aprobó con 13 votos a favor, según Diario Financiero. Así, la iniciativa supera el primer paso de su segundo trámite constitucional.
El respaldo unánime llegó tras semanas de negociación entre el gobierno y las bancadas. Sin embargo, las diferencias sobre el contenido siguen abiertas. El punto más sensible es cómo se financiará el beneficio.
En la misma sesión, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el Ejecutivo ingresará indicaciones a fines de esta semana. Según el secretario de Estado, el objetivo es resolver las principales controversias y abrir camino a un acuerdo.
Rau defendió la urgencia de la reforma. "Estamos viviendo tiempos muy complejos en materia de empleo y en particular de desempleo femenino y juvenil", dijo el ministro. Además, recordó que el cuidado de los hijos sigue frenando a muchas mujeres que buscan trabajo.
El gobierno apunta a tres nudos: el financiamiento del fondo, el copago de las familias y el fortalecimiento de la educación parvularia pública. Para el primero, el Ejecutivo pidió a la Superintendencia de Pensiones un nuevo informe actuarial.
Ese estudio medirá distintas formas de repartir la cotización y de compensarla con el Seguro de Cesantía. El análisis considera tanto las cuentas individuales como el Fondo de Cesantía Solidario.
Sobre el copago, Rau adelantó una fórmula para que las familias vulnerables, identificadas mediante el Registro Social de Hogares, no paguen completa la diferencia entre el aporte del fondo y el costo real de la sala cuna.
El paquete también incluiría apoyo a los jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos (VTF), un modelo en que el Estado traspasa recursos a municipios y entidades sin fines de lucro. El gobierno evalúa, además, adelantar la incorporación de las trabajadoras de casa particular.
Varios diputados aclararon que su voto no es un cheque en blanco. La crítica más repetida apuntó al uso del Seguro de Cesantía para financiar el sistema. Desde la oposición también surgieron reparos por los recursos destinados a la red pública.
La comisión amplió el plazo para recibir indicaciones hasta el viernes 30 de octubre. Rau fijó como meta que el proyecto salga del Congreso antes de febrero.