La conformación de la comisión mixta para zanjar las diferencias sobre el proyecto que amplía las facultades para levantar el secreto bancario se transformó en un nuevo foco de disputa entre oficialismo y oposición. Mientras se negocia la integración, la oposición sostiene que, si se respetan criterios históricos de designación, podrían alcanzarse una mayor mayoría favorable para acceder a información bancaria en investigaciones vinculadas al crimen organizado. La iniciativa fue rechazada parcialmente durante su tramitación, obligando a la creación de una comisión mixta compuesta por cinco senadores y cinco diputados. En el Senado, la integración está prácticamente definida, pues serán los miembros de la Comisión de Seguridad los que representen a la Cámara Alta. En la Cámara de Diputadas y Diputados, el proceso es más complejo. El primer cupo corresponde al diputado informante del proyecto, Jaime Araya, independiente-PPD (Partido por la Democracia). Los restantes escaños suelen distribuirse según el tamaño de los comités, criterio que podría favorecer a sectores opositores. Según Araya, si se mantiene la tradición, la comisión podría quedar con una mayor cantidad de votos para fortalecer el levantamiento del secreto bancario. Debiera ser a lo menos seis personas favorable a fortalecer todo lo que es levantamiento del secreto bancario y cuatro personas del oficialismo en contra, afirmó el parlamentario. Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó que exista oposición al levantamiento del secreto bancario, pero sostuvo que la postura oficial apunta a que la herramienta opere mediante autorización judicial. No hay ninguna declaración de alguien del Gobierno o de parlamentarios que están en la coalición del oficialismo que se opongan al alzamiento del secreto bancario, señaló. En esa línea, agregó que el desafío es compatibilizar la colaboración en las investigaciones con la protección de la privacidad bancaria de las personas. Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que una fórmula que contemple jueces o fiscales disponibles las 24 horas para resolver solicitudes de acceso a información financiera podría ser un camino. La integración de la comisión deberá definirse en las próximas negociaciones entre oficialismo y oposición.