En los últimos días de su administración, el presidente Gabriel Boric reconoció públicamente errores y déficits de gestión. En ese contexto, a partir del 11 de marzo la izquierda y la centroizquierda pasarán a ser oposición y deberán ordenar su trabajo desde el Parlamento.

Ese reconocimiento abre una ventana política. Rompe la idea de que la buena gestión es asunto exclusivo de técnicos y permite a la oposición plantear su propia agenda basada en gestión y propuestas. El desafío no es menor: sin el Ejecutivo, su capacidad de incidencia dependerá de la disciplina parlamentaria y de cómo administren sus “no”.

Un primer termómetro de esa capacidad fue el debate sobre el proyecto que conmuta penas a condenados mayores de 75 años, norma que podría beneficiar a internos de Punta Peuco. El Senado aprobó la iniciativa en general, lo que expuso que la línea defensiva del sector estuvo rezagada. Esa dinámica ilustra el riesgo de perder espacios legislativos por falta de seguimiento político y técnico.

La conclusión es clara. La oposición debe definir con precisión qué constituye una línea roja: la defensa de los derechos humanos, la protección de las políticas sociales, estándares ambientales y una política exterior fundada en el derecho internacional. A la vez, necesita acordar criterios para fiscalizar al nuevo gobierno, usando herramientas como la acusación constitucional y las facultades de control de manera técnica y proporcional, no como instrumentos de espectáculo político.

En lo práctico, eso implica construir equipos parlamentarios con roles claros, seguimiento legislativo permanente y una estrategia comunicacional que traduzca posiciones técnicas a efectos concretos para la ciudadanía. Sin eso, la oposición corre dos riesgos simultáneos: parecer obstruccionista frente a votantes moderados y dejar vacíos que actores antisistema o populistas puedan capitalizar.

Ese último punto conecta con la referencia recurrente a Franco Parisi, economista y líder del Partido de la Gente. Su oferta política ha mostrado la capacidad de captar desafección ciudadana cuando los partidos tradicionales fallan en ofrecer respuestas tangibles. Si la oposición no presenta una gestión parlamentaria creíble, perderá votos hacia alternativas que prometen soluciones rápidas sin mayores marcos técnicos.

Históricamente, las oposiciones que han combinado vigilancia fiscalizadora con propuestas viables han logrado reconstruir su imagen ante el electorado. Hoy, el test para la centroizquierda y la izquierda será transformar la crítica en política pública concreta, y demostrar que pueden proteger derechos y servicios sin inmovilizar al país.

Las próximas semanas serán determinantes. Cómo respondan a asuntos sensibles, desde la seguridad hasta la protección del Estado de bienestar, marcará quién gana y quién pierde en la próxima carrera electoral. Para el ciudadano, la diferencia se traducirá en calidad de políticas públicas y en la capacidad del Congreso para evitar retrocesos y ofrecer alternativas reales.