La Corte Suprema de Estados Unidos determinó esta semana que los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, al concluir que el mandatario se excedió en su autoridad al invocar la Ley de Poderes de Emergencia Internacional, IEEPA, por su sigla en inglés.

En una votación de seis contra tres, el tribunal sostuvo que la facultad concedida por la IEEPA no incluye expresamente la potestad de imponer aranceles generales sobre las importaciones. El fallo apuntó a los conocidos como aranceles del “Día de la Liberación”, medidas aplicadas durante 2025 y parte de 2026 que gravaron con tasas adicionales, en algunos casos hasta un 10% o más, una amplia gama de productos provenientes de decenas de socios comerciales. Según estimaciones preliminares, la sentencia podría obligar a devolver hasta US$ 108 mil millones en gravámenes ya cobrados por importadores.

La reacción del presidente fue inmediata y confrontacional. Donald Trump calificó el veredicto como "una vergüenza" y acusó a la Corte de estar influenciada por "intereses extranjeros". En paralelo anunció su intención de imponer un nuevo arancel general del 10% sobre todas las importaciones y dijo que recurrirá a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, conocida en inglés como Trade Act of 1974, que permite al Ejecutivo dictar restricciones comerciales temporales de hasta 15% por períodos de hasta 150 días mediante orden ejecutiva.

El fallo ya tuvo efectos en los mercados financieros: el Nasdaq subió 0,9%, el S&P 500 0,7% y el Dow Jones 0,5%, mientras los rendimientos del Tesoro se movieron al alza en varios tramos. Más allá de la volatilidad, la decisión abre una nueva fase de disputas legales y políticas entre la Casa Blanca, el poder judicial y el Congreso, y deja en incertidumbre la senda de la política comercial estadounidense.

Para Chile y América Latina la resolución y la respuesta presidencial tienen implicaciones claras. Un arancel general del 10% incrementaría el costo de ingresar productos al mercado estadounidense, lo que podría reducir la demanda por exportaciones chilenas intensivas en mercado de EEUU, como fruta fresca, salmón, vino y algunos insumos industriales. Además, medidas discriminadas o nuevas barreras temporales complican las cadenas de suministro y pueden presionar precios de commodities como el cobre, que se transa en mercados globales y está sujeto a la dinámica de demanda en Estados Unidos.

En términos geopolíticos, el episodio subraya las tensiones de una política comercial más unilateral en Washington y refuerza la percepción de una multipolaridad comercial donde los socios buscan diversificar destinos y cadenas. Las autoridades chilenas, los gremios exportadores y los departamentos de comercio e infraestructura deberían monitorear los pasos legales y administrativos que anuncie la Casa Blanca, porque de materializarse un gravamen general o restricciones temporales, empresas y operadores logísticos enfrentarán ajustes en precios, contratos y flujo de comercio.

Los próximos pasos a seguir serán la forma concreta en que la administración intentará aplicar la sección 122, las posibles impugnaciones judiciales de esa herramienta y la reacción del Congreso, que podría legislar contra o a favor de nuevas restricciones. Mientras tanto, exportadores y gobiernos de la región deberán prepararse para mayor incertidumbre comercial y para negociar alternativas de acceso a mercados si las tensiones en Washington se mantienen.