Un informe de la Contraloría Regional del Biobío encontró múltiples irregularidades en la emisión y control de licencias médicas en el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, de Concepción, durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024. El hallazgo está consignado en el Informe Final N° 538/2025 de la Contraloría.

La auditoría señala que cerca de 12.000 licencias médicas electrónicas fueron emitidas por médicos del hospital sin que existiera un registro clínico que acreditara la atención que justificara su otorgamiento. Además, se detectó que 8.126 licencias fueron generadas usando la cuenta institucional del hospital en el sistema MEDIPASS por profesionales que, al momento de la emisión, ya no formaban parte de la dotación del recinto.

El documento también registra que 65 médicos emitieron más de 1.200 licencias mientras ellos mismos estaban con reposo laboral. Frente a esos hechos, la Contraloría instruyó al hospital iniciar procesos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas y remitirá las observaciones a la Superintendencia de Seguridad Social, la entidad fiscalizadora conocida por sus siglas como SUSESO.

La auditoría advierte problemas en los sistemas de registro. El sistema clínico informatizado SINETSUR no cuenta con un campo estructurado para dejar constancia de la emisión de licencias durante la atención, lo que, según la Contraloría, vulnera estándares legales sobre la integridad y la autenticidad de los registros clínicos. También se constató que el sistema de información de recursos humanos, identificado como SIRH, aparece con 42.285 licencias en estado “pendiente”, pese a que en la Superintendencia 11.059 figuran como “aprobadas” y 322 como “rechazadas”.

La revisión mostró además deficiencias en la recuperación de recursos asociados a licencias rechazadas: el hospital habría recuperado solo $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias rechazadas entre 2023 y 2024. La Contraloría indicó que no existen gestiones documentadas para recuperar esos montos.

Estas observaciones potencian riesgos administrativos y financieros para el hospital y para la fiscalización del sistema de seguridad social. Los siguientes pasos formales son el inicio de las investigaciones disciplinarias internas del hospital y el análisis de la SUSESO, mientras que la Contraloría recomienda implementar controles informáticos y administrativos para asegurar la trazabilidad de las licencias médicas, actualizar el SIRH y agregar campos estructurados en SINETSUR.

Desde la perspectiva de gestión pública, la situación plantea la necesidad de revisar procesos para proteger la integridad de los registros clínicos y resguardar recursos del sistema de salud. La Contraloría y la SUSESO son las autoridades llamadas a avanzar en responsabilidades y en posibles recuperaciones de fondos; el hospital deberá informar las medidas correctivas y los resultados de los sumarios cuando estén disponibles.