En Concepción, Claudio Huepe, exministro de Energía y director del Observatorio de la Transición Energética (ODTE), presentó el informe "Estado de la Transición Energética" y advirtió que las metas de electrificación para 2050 están en riesgo si no hay un cambio de ritmo.

El documento, elaborado junto a la economista Mónica Ruiz, muestra avances claros en generación eléctrica. Chile alcanzó cerca del 70% de participación de energías renovables en su matriz de generación, gracias al rápido despliegue de parques solares y eólicos. Sin embargo, esas ganancias no se han traducido en mayor electrificación del consumo final, que es la variable clave para descarbonizar la economía.

Según el informe, la electricidad representa poco más del 23% del consumo energético total, frente al 20% que registraba en 2010. Huepe subrayó que ese aumento de apenas tres puntos porcentuales en 13 años es insuficiente y que, a ese ritmo, el país no llegará a la meta fijada por el gobierno para 2050. "Es poco", dijo Huepe durante la presentación.

El informe aporta además una explicación parcial del fenómeno. Las emisiones totales de Chile han crecido cerca de un 30% en los últimos 15 años, pese al avance renovable en generación. Esto se debe, en parte, al estancamiento de la electrificación de sectores productivos y residenciales, y al mayor uso de combustibles fósiles en usos finales. En el consumo domiciliario del centro y sur del país, la leña representa alrededor del 30% del combustible usado para calefacción.

Huepe también puso el foco en los costos. De acuerdo con una encuesta del ODTE, más del 70% de los encuestados considera que el precio de la energía es el factor más importante del sistema. Además, las tarifas eléctricas para clientes regulados aumentaron más de 60% en los últimos dos años a nivel nacional, según el informe. Eso erosiona competitividad industrial y la aceptación social de nuevas políticas tarifarias.

Históricamente, Chile ha mostrado que puede integrar renovables a gran escala en la generación. El antecedente es positivo. No obstante, la electrificación requiere políticas distintas: infraestructura de redes, programas de sustitución de combustibles en calefacción y transporte, incentivos para la industria y diseño tarifario con enfoque social. Sin esas medidas, las ganancias en generación pueden quedar aisladas.

En el plano político, la advertencia de Huepe tensiona al Ministerio de Energía y al gobierno, obligando a priorizar decisiones técnicas y sociales. Ganan los actores ligados a la generación renovable por la inversión realizada. Pierden los hogares y las pymes que enfrentan mayores cuentas y la falta de alternativas eléctricas asequibles. Para el ciudadano común, la consecuencia más directa es mayor gasto en energía y un acceso desigual a la electrificación, sobre todo en zonas donde la leña sigue siendo la opción dominante.

El informe no entrega una hoja de ruta única, pero deja clara la urgencia: acelerar la electrificación de usos finales y mitigar el impacto social de la transición. El próximo paso será la respuesta del gobierno y si se implementan medidas concretas que aumenten la participación de la electricidad en el consumo total, más allá de la sustitución de generación por renovables.