La Subsecretaría de Salud Pública (SSP) aprobó a comienzos de febrero un reglamento que autoriza el uso de escorias de cobre, los residuos que deja la fundición del concentrado, como material en obras de infraestructura en espacios abiertos en Chile. La medida permite su empleo en caminos, carreteras, autopistas y en la fabricación de elementos prefabricados destinados a exteriores.

El anuncio llega en un momento en que la industria del cobre enfrenta la urgencia de reducir sus pasivos ambientales. En el país, las fundiciones generan más de 160 toneladas de escorias al día, según cifras citadas por la industria, residuos que hasta ahora se acumulaban en botaderos con alto impacto paisajístico y ecológico. El nuevo reglamento abre una vía para darles un valor productivo y avanzar hacia modelos de economía circular en la minería.

Marcela Pantoja, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco División Ventanas, señaló que “la aprobación de la nueva normativa representa un cambio estructural en la forma de abordar la gestión de residuos mineros ligados a la fundición de concentrado de cobre”. Pantoja, ejecutiva chilena de la cuprífera estatal, agregó que por primera vez se establece un marco regulatorio que permite valorizar la escoria bajo criterios técnicos y ambientales exigentes.

La regulación, según el texto difundido por la autoridad sanitaria, delimita usos en espacios abiertos, lo que implica requisitos de caracterización técnica y controles ambientales antes de aplicar las escorias en obras. La intención declarada es reducir pasivos mineros y disminuir la necesidad de nuevas disposiciones finales, además de incentivar la colaboración entre la minería y la construcción.

“Es un paso clave para avanzar hacia una minería más moderna y responsable”, dijo Juan Pablo Schaeffer, identificado en el comunicado como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad; la nota no precisa la empresa que representa. Esa mirada empresarial coincide con reclamaciones de sindicatos y comunidades por soluciones que mitiguen el impacto territorial de los botaderos.

Quedan, sin embargo, preguntas por resolver: cómo se monitoreará a largo plazo la seguridad ambiental de estos materiales, qué estándares obligatorios impondrá la autoridad para evitar externalidades sobre comunidades y ecosistemas, y qué fiscalización independiente acompañará la implementación. La SSP establece requisitos técnicos y ambientales en el reglamento, pero el seguimiento y el diálogo con territorios afectados serán claves para que la medida no sea solo una solución técnica, sino una transformación de la gestión de los pasivos mineros y del paisaje industrial chileno.