La Guardia Civil de España, a través de su unidad SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, localizó 941 infraestructuras ilegales de captación y acumulación de agua entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, según los informes de la Operación Zahorí. Tras las inspecciones se abrieron investigaciones contra 31 personas y se registraron 29 infracciones penales y 1.684 administrativas.
Del total de actuaciones ilegales identificadas, el 60% correspondían a pozos, 24% a sondeos, 4% a balsas y 12% a otras modalidades como derivaciones o trasvases artificiales. Los informes periciales de la operación estiman que los daños al Dominio Público Hidráulico podrían llegar hasta 270 millones de euros, una cifra que refleja tanto el impacto ambiental como el económico de estas prácticas.
Desde el punto de vista ambiental, la distracción no autorizada de aguas puede agotar ríos, lagunas y humedales, sobreexplotar acuíferos y dañar ecosistemas protegidos. Estas consecuencias reducen la disponibilidad de agua para comunidades, agricultura y la propia conservación de la biodiversidad, y además generan alteraciones en los regímenes hídricos locales que pueden tardar décadas en recuperarse.
Las actuaciones destacadas se concentraron en las provincias andaluzas de Huelva y Córdoba, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. En Huelva, la Operación Subterra se desarrolló en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, un humedal de alto valor ecológico que ya enfrenta sobreexplotación de su acuífero. En esa investigación se indagó a ocho personas naturales y cinco jurídicas, con resultados que incluyen delitos contra los recursos naturales y contra la ordenación del territorio, según la Guardia Civil.
¿Qué significa esto para Chile? Aunque la Operación Zahorí es española, plantea lecciones relevantes para la gestión hídrica en Chile. Aquí la fiscalización del agua depende entre otros de la Dirección General de Aguas, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, y de los organismos ambientales del Estado. La experiencia española subraya la necesidad de tener registros actualizados de captaciones, fiscalización coordinada entre agencias y apoyo policial o judicial cuando corresponda.
Acciones concretas que plantea el caso español incluyen: crear y mantener registros públicos y georreferenciados de pozos y sondeos; mejorar la detección mediante imágenes satelitales y telemetría; fortalecer la coordinación entre autoridades administrativas y fiscales para acelerar denuncias y sanciones; y aumentar la participación de comunidades locales en la vigilancia de cuencas. Estas medidas no son soluciones mágicas, pero ayudan a reducir la impunidad y a proteger fuentes críticas de agua.
Es importante distinguir entre detección e impresiones periciales, y condenas firmes. La Guardia Civil informa de hallazgos e investigaciones en curso; las cifras de daños económicas son estimaciones periciales sujetas a contraste judicial. Para Chile, la lección principal es práctica y preventiva: la fiscalización efectiva y la transparencia en los registros son herramientas clave para proteger cuencas y acuíferos ante la creciente presión sobre el recurso hídrico.
