Un grupo numeroso de especialistas en privacidad y seguridad de 30 países difundió recientemente una carta pública en la que cuestiona las políticas que obligan a comprobar la edad de las personas en servicios digitales, y advierte que estas medidas podrían generar más problemas de los que resuelven. La misiva, firmada por 371 científicos e impulsada por figuras como el premio Turing Ron Rivest, sostiene que exigir verificación de edad en la red no es tan sencillo ni inocuo como aparenta.
Los firmantes analizan las tecnologías que se han propuesto para este fin, entre ellas la foto del documento de identidad, el reconocimiento facial, el uso de tarjeta de crédito, la inferencia algorítmica basada en comportamiento, la verificación mediante consentimiento parental y las credenciales de identidad digital o "wallets" digitales. La carta plantea que ninguna de estas opciones ha demostrado, a escala de internet, poder implementarse sin costos graves para la privacidad y la seguridad.
El texto se organiza en cuatro grandes puntos: primero, dudas sobre si la verificación de edad funciona de manera eficaz a escala global; segundo, la falta de datos sobre los daños a la privacidad de todas las personas; tercero, la ausencia de debate técnico y social sobre tecnologías que podrían mitigar esos daños; y cuarto, que no está justificado desplegar estos sistemas si los beneficios no superan claramente los riesgos. En sus propias palabras, los autores preguntan si la verificación de edad "funciona realmente" y qué perjuicios puede causar a la seguridad y privacidad de todos, y advierten sobre escenarios imprevistos si se acelera su implantación sin evaluación.
Entre los riesgos que mencionan están la creación de grandes bases de datos de identidades, el aumento de la vigilancia comercial y estatal, la posible exclusión digital de jóvenes sin acceso a documentos o a medios de pago, y el efecto disuasivo en la libertad de expresión y la interacción cotidiana en línea. La carta señala además que la introducción de estos sistemas podría convertir acciones comunes, como conversar con amigos, leer noticias o buscar información, en procesos en que todo el mundo tendría que demostrar su edad, con consecuencias sociales amplias.
Para Chile, estas observaciones tienen implicancias concretas. Una política que exija verificación de edad obligatoria podría generar barreras para adolescentes que no disponen de documentos digitales o medios de pago, y concentrar datos sensibles en empresas o plataformas que operan en el país. También plantea un dilema para reguladores nacionales: ¿cómo equilibrar la protección de menores con la preservación de la privacidad y el acceso a la información? La carta pide más debate público y evidencia antes de legislar a gran escala, una recomendación relevante para cualquier avance normativo en Chile.
Los firmantes reclaman, como pasos previos al despliegue, estudios independientes de impacto, pruebas a pequeña escala, transparencia sobre las tecnologías propuestas y búsqueda de alternativas que no sacrifiquen derechos. Algunas medidas señaladas por la comunidad técnica y por la propia carta incluyen reforzar herramientas de control parental voluntario, mejorar la detección y moderación de contenido dañino en plataformas sin exigir identidad, y políticas educativas dirigidas a niños, familias y escuelas. Los autores insisten en que cualquier solución debe evaluarse por su eficacia real y por su coste sobre la privacidad y la inclusión.
La carta pública no prescribe una solución única, pero sí reclama prudencia: antes de avanzar en normas que obliguen a demostrar la edad en línea, los reguladores deben contar con evidencia clara, evaluaciones de impacto en privacidad y mecanismos técnicos que realmente reduzcan daños sin crear efectos colaterales peores. El debate continuará en foros técnicos y políticos; mientras tanto, los responsables de políticas públicas en Chile y en el mundo deberán sopesar si las propuestas actuales protegen a la infancia o, por el contrario, abren nuevas vías de riesgo para toda la población. La carta de los científicos es, en ese sentido, un llamado a priorizar pruebas, transparencia y debate público antes de implantar medidas de verificación masiva.
