El consejo de Bard College, en Estados Unidos, contrató al bufete WilmerHale para hacer una investigación independiente sobre las comunicaciones entre Jeffrey Epstein y el rector Leon Botstein, además de revisar aportes financieros vinculados a Epstein.

La firma hará un examen del alcance completo de esos intercambios, según anunció la junta. También deberá proponer recomendaciones sobre mecanismos de revisión de donantes, prácticas de recaudación de fondos, códigos de conducta y conflictos de interés.

La decisión llega tras la publicación de correos y otras comunicaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la fiscalía federal estadounidense, que revelaron un viaje de Botstein a la isla de Epstein en 2012 y otras interacciones. Botstein, que dirige Bard desde 1975 y ha sido su principal recaudador de fondos, dijo que la relación comenzó con un donativo no solicitado de 75.000 dólares a una escuela ligada al college, y ha defendido sus actos señalando que actuó en ejercicio de sus funciones. También ha dicho que no era amigo de Epstein y que en la cena en la isla estuvo enfermo y solo asistió para un evento de recaudación con el inversor Leon Black.

WilmerHale es un gran despacho jurídico estadounidense que habitualmente realiza investigaciones internas para universidades, empresas y organismos cuando hay presión pública o riesgo reputacional. La contratación sugiere que los trustees, los miembros del consejo, han enfrentado críticas y buscan una revisión externa que legitime posibles cambios.

Este caso forma parte de una ola más amplia de escrutinio internacional sobre Epstein, el financiero que en 2008 se declaró culpable por cargos estatales relacionados con prostitución y con menores, y que fue vinculado a varias figuras públicas en distintos países. Revelaciones similares llevaron a investigaciones y a medidas institucionales en universidades y organizaciones en Estados Unidos y el Reino Unido.

Reacciones internas y externas se siguen desarrollando. Para la junta de Bard, el informe de WilmerHale puede llevar a cambios en políticas y a decisiones sobre responsabilidad institucional. Para Botstein, la investigación es una respuesta al aumento de presión pública y mediática.

Qué significa para Chile y América Latina: las universidades de la región, muchas de ellas con creciente dependencia de la filantropía privada y de fundaciones, enfrentan los mismos dilemas sobre cómo aceptar donaciones sin poner en riesgo su reputación ni su autonomía académica. El caso subraya la necesidad de criterios claros de due diligence o investigación previa de donantes, transparencia en la recepción de fondos y códigos de conducta que regulen conflictos de interés. En Chile, donde el financiamiento privado coexiste con fondos estatales y con marcos normativos como la Ley de Transparencia, los consejos universitarios, el Ministerio de Educación y las comunidades académicas deberían considerar revisar sus políticas para evitar riesgos legales y reputacionales.

Qué seguir: el contenido y alcance del informe de WilmerHale, las recomendaciones concretas que proponga la firma, y si el proceso desemboca en sanciones internas, cambios en gobernanza o acciones legales. Esos resultados marcarán un precedente para cómo las instituciones educativas responden a vínculos con donantes polémicos, tanto en Estados Unidos como en la región.