Tres ciudadanos chilenos de 24, 27 y 36 años fueron detenidos en la madrugada tras una persecución relacionada con robos a departamentos en el barrio Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. La detención ocurrió luego de un llamado por un ilícito en un edificio de la calle Soler, desde donde los sospechosos escaparon en un automóvil y luego intentaron huir a pie.
Según el diario Clarín y fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al hacer el control de identidad se constató que los tres habían estado previamente vinculados a causas por robo, violación de propiedad y desacato. Dos de los detenidos, siempre según la policía, habían ingresado a la Argentina de manera irregular.
En el interior del vehículo y en poder de los aprehendidos la policía encontró cinco teléfonos móviles, más de un millón de pesos argentinos, 106 dólares y 60 euros, alrededor de veinte tarjetas de crédito, unas 20 gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks y cuatro botellas de whisky, entre otros objetos. El análisis de cámaras de seguridad también los vincularía con un robo de características similares ocurrido el fin de semana en la zona de la calle Lafinur.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se pronunció en redes sociales y pidió la expulsión inmediata de los detenidos. "Extranjero que delinque en la ciudad. Extranjero que expulsamos del país. A estos tres delincuentes chilenos los detuvimos por robar departamentos. Solicitamos la inmediata expulsión del país", escribió Macri.
La solicitud pública de expulsión corresponde a una competencia que corresponde a la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, organismo nacional encargado de las medidas migratorias, y a las instancias judiciales para formalizar eventuales expulsiones o medidas penales. Hasta ahora no hay información pública sobre si se inició un trámite de expulsión efectivo ni sobre formalizaciones judiciales concretas en la causa.
El caso reaviva en la ciudad el debate sobre control migratorio y seguridad urbana, en un contexto donde las autoridades porteñas suelen responder con pedidos de expulsión ante delitos cometidos por extranjeros. Los detenidos permanecen bajo custodia policial a la espera de las resoluciones de la Justicia argentina y de las decisiones administrativas que pueda tomar la Dirección Nacional de Migraciones.
