La llegada a Buenos Aires del gendarme Nahuel Gallo, liberado en Venezuela y trasladado en un avión de la Asociación del Fútbol Argentino, desató este lunes un choque político entre el Gobierno de Javier Milei y la entidad deportiva.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar la frontera terrestre desde Colombia hacia Venezuela, según comunicaron fuentes. La AFA, encabezada por Claudio Tapia, y la Federación Venezolana de Fútbol, a cargo de Jorge Giménez, iniciaron gestiones meses atrás para su liberación, informó la agencia de noticias EFE. El arribo a Aeroparque fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez, y autoridades argentinas, entre ellas el canciller Pablo Quirno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo en una entrevista con la radio El Observador que el Gobierno no había tenido posibilidad de negociar la entrega porque «no tenemos relación con el chavismo», en alusión a la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela. Adorni agregó que los dirigentes de la AFA deberán explicar «cuál es su relación con el chavismo» para entender cómo se concretó la operación.

La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, sostuvo en Radio Mitre que el Ejecutivo no fue informado de las gestiones y criticó que la entrega se hiciera «a través de algunos que son amigos», en una frase que atribuyó a contactos con sectores afines ideológicamente al gobierno venezolano. Por su parte, Claudio Tapia celebró la salida de Gallo en la red social X, describiendo el trabajo como «silencioso y mancomunado» con la Federación Venezolana de Fútbol.

El episodio pone en tensión la política exterior y la gestión de seguridad del Gobierno de Milei, porque expone una vía paralela de gestiones entre actores no estatales y una administración con la que Argentina no mantiene vínculos diplomáticos plenos. Fuentes consultadas por EFE y los propios dichos de Adorni y Bullrich conforman las versiones disponibles; no hay una comunicación oficial detallada sobre los pasos concretos que permitieron la liberación.

En lo inmediato, el Gobierno pidió explicaciones públicas a la AFA y quedó a la espera de que la entidad deportiva detalle las gestiones y los interlocutores en Venezuela. El caso podría abrir consultas formales en la arena política y judicial sobre el papel de organizaciones privadas en gestiones internacionales relacionadas con ciudadanos detenidos.