El 22 de marzo de 2025, durante la jornada en que la banda argentina Babasónicos tocaba en el escenario Cenco Malls de Lollapalooza Chile en Parque Cerrillos, un helicóptero blanco sobrevoló el festival desplegando un lienzo con el logo de Adidas y la palabra “Superstar”. La acción, claramente publicitaria, ocurrió sin la coordinación ni la aprobación de Lotus, la productora del evento, y mientras Reebok era la patrocinadora oficial de esa edición.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el organismo estatal que regula la aviación civil en Chile, inició una investigación contra Adidas y las personas que pilotearon la aeronave. Según la DGAC, "las aeronaves que sobrevuelan zonas urbanas o reuniones masivas de personas deben mantener alturas mínimas de seguridad y contar con autorizaciones específicas cuando se realizan operaciones especiales, como vuelos publicitarios o trabajos aéreos vinculados a eventos". El incumplimiento, agrega la autoridad, puede derivar en infracciones administrativas y, en casos graves, en responsabilidad penal.
Fuentes consultadas por este medio y la información pública disponible indican que el helicóptero voló a una altura inferior a la permitida, lo que alarmó a los organizadores y a la autoridad por el riesgo que supone en un evento multitudinario en Santiago. Lotus no autorizó la maniobra, y la acción fue interpretada por asistentes y por parte del equipo organizador como una forma de “ambush marketing”, es decir, publicidad no contratada que intenta aprovechar la audiencia de un evento ya establecido.
El episodio pone en tensión dos órdenes que suelen cruzarse en los grandes festivales: la lógica comercial de las marcas, que buscan visibilidad masiva, y las responsabilidades técnicas y legales que impone el uso del espacio aéreo sobre concentraciones humanas. Para los organizadores de espectáculos y para las marcas patrocinadoras, casos como este abren preguntas sobre límites, permisos y sanciones, y sobre cómo proteger tanto la seguridad de los asistentes como los acuerdos comerciales de cada edición.
La investigación de la DGAC está en curso y corresponde ahora a esa entidad determinar responsabilidades y eventuales sanciones administrativas o penales. Mientras tanto, la polémica reaviva la discusión sobre el control de la publicidad en los grandes eventos culturales y la necesidad de protocolos claros entre productoras, autoridades y marcas.