El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó este lunes 9 de marzo que la extradición del exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, desde Argentina es “inminente” y podría concretarse en las próximas horas. La decisión llega luego de que el gobierno argentino le quitara el estatus de refugiado político.

Cordero dijo que el Ejecutivo chileno ya tiene todo organizado para el traslado y que mantiene contacto permanente con la Embajada de Chile en Argentina y con los agregados policiales. "Los medios por parte de la PDI para ir a buscar a Galvarino Apablaza y traerlo al país se encuentran coordinados", indicó el ministro en conversación con Tele13 Radio.

Apablaza es requerido por la justicia chilena por su posible participación en el homicidio del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, en 1991. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una organización armada de izquierda activa durante la dictadura y la transición chilena, y su nombre vuelve a aparecer en el debate público con esta extradición.

Según Cordero, una vez en Chile el detenido quedará a disposición de Gendarmería de Chile y, probablemente, será alojado en el Centro de Alta Seguridad, quedando finalmente a disposición del juez competente del fuero correspondiente.

En el plano bilateral, la medida es el resultado de cooperación judicial y de seguridad entre ambos gobiernos. El ministro mencionó que hace una semana participaron del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, y delegados chilenos, y que ese diálogo facilitó la comunicación sobre el caso.

El proceso de extradición implica una decisión formal de la autoridad argentina después de haber revocado el estatus de refugiado. Luego seguirá la coordinación operativa de la Policía de Investigaciones de Chile, la entrega física del detenido y la continuación del proceso judicial en Chile. Si bien el traslado puede concretarse en horas, la documentación y la entrega efectivamente deben cumplirse según los acuerdos bilaterales existentes entre ambos países.

Políticamente, la llegada de Apablaza reaviva tensiones históricas. Gana visibilidad la demanda de verdad y justicia por el asesinato de Jaime Guzmán, y sectores políticos conservadores y las víctimas podrían mostrar satisfacción por el avance. Pierden quienes sostenían la protección internacional a Apablaza y su entorno político, y se reactiva el debate sobre impunidad, memoria y justicia en Chile.

Para la ciudadanía, el caso es símbolo de que la cooperación internacional puede traducirse en resultados concretos para causas pendientes de la dictadura y la transición. En los próximos días la atención pública estará en la confirmación oficial del traslado por parte del gobierno argentino, la llegada al país y las resoluciones del tribunal que lleva la causa.