Un informe anual del Consejo de Europa, publicado esta semana, sitúa a España entre los países con mayores problemas contractuales y de protección social para las y los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. El estudio del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación evalúa las condiciones laborales en 34 países y vigila la libertad de prensa en 48 Estados durante 2025.
El diagnóstico subraya que, en buena parte del continente, los profesionales de la prensa enfrentan salarios bajos y regímenes de seguridad social insuficientes, calificados por la Plataforma como "deplorables" en numerosos Estados. Solo Dinamarca y Alemania salen bien paradas entre los 34 países analizados, mientras que Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia moderan los riesgos para la seguridad de los reporteros.
El apartado sobre amenazas a la libertad de prensa registró un salto preocupante. En los 48 países supervisados se contabilizaron 344 alertas, un aumento del 29 por ciento respecto al año anterior. Esas alertas se concentraron, sobre todo, en Rusia, Turquía, Georgia, Serbia y Ucrania, y el informe destaca que la guerra fue por segundo año consecutivo "la mayor fuente de peligro para los periodistas" en Europa.
El reporte documenta ataques a la integridad física y muertes durante las coberturas. Cita, entre otros casos, a Olena Hramova, periodista ucraniana asesinada por un ataque con drones; a Yevhen Karmazin, periodista ucraniano; a Tetyana Kulyk, periodista ucraniana; al fotoperiodista francés Antoni Lallican; y a Hakan Tosun, periodista turco fallecido tras una agresión. También se identifican detenciones como herramienta de control: a 31 de diciembre de 2025 había 148 periodistas detenidos en Europa, distribuidos en países como Azerbaiyán, Rusia, Bielorrusia, territorios ucranianos ocupados por Rusia, Turquía, Armenia y Georgia.
Además de la violencia física, el informe alerta sobre intimidaciones, intentos de apropiación de medios y formas de represión transnacional. Advierte que las agresiones en manifestaciones afectan de modo sostenido a reporteros en países como Georgia, Serbia y Turquía, y que la privación de libertad se usa cada vez más para silenciar coberturas críticas.
El texto menciona avances legislativos en España, pero la versión que llegó a este despacho está incompleta y no detalla cuáles son esas reformas ni su alcance real, por lo que no es posible verificarlas desde estas páginas. Tampoco hay en el informe un balance exhaustivo de medidas de seguimiento por parte de la Unión Europea, que conviene recordar es distinta del Consejo de Europa, la organización paneuropea dedicada a los derechos humanos.
Para Chile y América Latina, el informe europeo funciona como espejo y alerta. Aunque los contextos difieren, la combinación de precariedad laboral, falta de protección social y crecientes riesgos físicos es una preocupación compartida por periodistas en la región. La doble lección es clara: la libertad de prensa necesita tanto garantías de seguridad frente a agresiones como marcos laborales que permitan el ejercicio independiente y sostenible de la profesión. En los próximos meses será clave observar si los Estados europeos transforman estas recomendaciones en normativa efectiva, y qué aprendizajes pueden trasladar a políticas públicas en América Latina.
