El gobierno saliente de Gabriel Boric organizó un encuentro de camaradería para el 11 de marzo en La Moneda, con el objetivo de reunir a los ministros actuales y a quienes fueron secretarios de Estado durante su administración, en el marco del traspaso de mando a José Antonio Kast.

En los pasillos del oficialismo ya se conversa sobre la asistencia de exautoridades, pero la decisión personal no es automática. Maya Fernández Allende, exministra de Defensa de Chile, aún no confirma su presencia. Fernández cursa un magíster online sobre riesgos y desastres en la Universidad de México, y mantiene un ritmo académico que contrasta con la rutina del despliegue ministerial que dejó el 10 de marzo de 2025, cuando el Presidente Boric le pidió la renuncia.

Fernández llegó al cargo en 2022 como una dirigente del Partido Socialista afiliada a la disidencia interna y con el respaldo del mandatario dentro del bloque Socialismo Democrático. Su salida quedó marcada por la crisis en torno a la fallida compra de la casa de su abuelo, Salvador Allende, expresidente chileno, una operación impulsada originalmente por el propio Presidente. Ese episodio tensionó su vínculo con Boric y explica el frío actual entre ambos, según cercanos a la exministra.

Otros exsecretarios han tomado rumbos distintos. Izkia Siches, médica infectóloga chilena y exministra del Interior, volvió a su profesión clínica, tuvo un hijo y cerró vínculos formales con el gobierno. Carolina Tohá, ministra del Interior que sucedió a Siches, fue protagonista en la carrera presidencial de 2025, pero su derrota en las primarias del oficialismo ante Jeannette Jara, militante del oficialismo, la llevó a alejarse de la primera línea política, según comunicaciones públicas de la propia Tohá.

En total, son 23 las exautoridades que abandonaron el Ejecutivo y optaron por caminos variados: reinserción en el sector público, creación de consultoras privadas, actividades académicas, o una salida definitiva de la política visible. Esa dispersión refleja que, al acabar una administración, no hay una sola vía de retorno para los dirigentes.

Históricamente, las transiciones presidenciales en Chile han mostrado trayectorias heterogéneas para exministros: algunos regresan a cargos públicos o a partidos, otros capitalizan experiencia en el sector privado, y un número menor se mantiene en la vocería política. En ese contexto, la dinámica de esta administración exhibe dos costes concretos para el oficialismo: pérdida de cuadros con perfil técnico y un desgaste público por controversias que quedaron asociadas a decisiones del gobierno.

¿Quién gana y quién pierde con esta recomposición? Ganan quienes logran transformar experiencia en contratos profesionales o puestos consultivos. Pierden quienes quedan marcados por escándalos administrativos o por derrotas internas, porque eso limita su reingreso político inmediato. Para el ciudadano común, la heterogeneidad tiene dos efectos: por un lado, puede beneficiar la continuidad técnica si exministros pasan a organismos públicos; por otro, aumenta la percepción de volatilidad política si las salidas son vistas como fugas o castigos por errores de gestión.

El encuentro del 11 de marzo será más simbólico que operativo. Servirá para cerrar formalmente un ciclo y medir lealtades en público. Pero la escena posterior al traspaso de mando revelará si estas biografías políticas terminan agrupándose en nuevos liderazgos, se disuelven en el mercado privado, o se traducen en un relevo para las estructuras partidarias durante la próxima etapa política en Chile.