La Cámara de Diputados despachó a segundo trámite este miércoles el proyecto impulsado por el diputado Johannes Kaiser, tras una votación de 58 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, con la participación de 100 de casi 150 parlamentarios. El texto obliga al Servicio Médico Legal (SML) a proceder a la identificación de los restos que mantiene bajo custodia en un plazo máximo de dos años y sin la necesidad de una orden judicial, dando prioridad a casos ligados a violaciones de derechos humanos.

La discusión parlamentaria fue tensa y marcó diferencias al interior del oficialismo. Voces del gobierno interpretaron la iniciativa como un intento de poner un “punto final” al proceso de identificación de detenidos desaparecidos y, dicen, a la búsqueda de verdad y justicia. Esa lectura se vincula a las declaraciones previas de Johannes Kaiser, diputado libertario chileno y candidato presidencial el año pasado, cuando acusó públicamente al SML de tener osamentas sin periciar; el Servicio Médico Legal negó posteriormente esas acusaciones.

Pese a la resistencia del bloque oficialista, algunos parlamentarios del oficialismo votaron a favor. Entre ellos están Tomás Lagomarsino, Cosme Mellado y Rubén Oyarzo, diputados del comité mixto radical-liberal, quienes culminan su gestión el 11 de marzo. En la sesión se recordó además que solo 100 de los casi 150 diputados participaron en la votación, un dato que parlamentarios opositores y oficialistas utilizaron para cuestionar la legitimidad política del resultado.

El despacho a segundo trámite implica que el proyecto deberá ahora ser revisado por el Senado. La iniciativa plantea preguntas prácticas sobre plazos, recursos y coordinación con las familias de las víctimas: no quedó resuelto en la Cámara cómo se financiarán los peritajes adicionales, ni qué protocolos se aplicarán para priorizar causas de violaciones a derechos humanos, ni cómo se articulará el acceso a archivos judiciales y policiales.

En la misma jornada la Cámara aprobó el informe de la comisión especial que investigó la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende (1970-1973). El documento condena lo que define como “la trama del traspaso de recursos públicos”, un “viacrucis presupuestario sin actas, correos ni huellas” y la “oscuridad de la toma de decisiones gubernamentales”. El texto cuestiona además el rol del Presidente Gabriel Boric Font, señalando su “ignorancia de la Constitución como excusa y el deber omitido”, y califica a los asesores del llamado Segundo Piso como “arquitectos en la sombra de una operación temeraria”.

Ambas decisiones abren rutas distintas: el proyecto sobre identificación de restos ahora enfrentará el debate en la Cámara Alta, con la urgencia política y las dudas técnicas sobre su implementación; el informe sobre la Casa Allende deja al descubierto reproches institucionales y promete repercusiones políticas y administrativas que los aludidos deberán responder en los próximos días. Para las familias de víctimas de desaparición forzada, la aprobación en la Cámara supone una señal prometedora, aunque con pasos administrativos y técnicos pendientes para que la norma se convierta en resultados concretos.