La idea de legislar las plataformas de apuestas en línea recibió un respaldo transversal en el Senado, y ahora el Congreso avanza en el diseño del proyecto que pretende regular un mercado ya asentado en la economía digital. El planteamiento central, según un artículo de la Asociación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), es que regular no es opcional, sino necesario para dar certezas jurídicas, proteger a los usuarios y ordenar la competencia.

El argumento clave del sector privado es doble. Primero, que la actividad tiene una presencia consolidada entre miles de usuarios y, por tanto, canalizarla hacia un sistema regulado permitiría ingresos fiscales permanentes. Estudios de mercado citados por la asociación sostienen que, con una carga tributaria adecuada, el Estado podría captar centenas de millones de dólares anuales. Segundo, que la regulación debe ser técnica y equilibrada para evitar que cargas excesivas incentiven la migración de jugadores hacia plataformas offshore no fiscalizadas, lo que erosionaría la protección al consumidor y la recaudación.

En la cronología reciente, el Senado dio señales de avanzar en la idea de legislar; el siguiente paso es que el Congreso precise el texto, en especial las definiciones técnicas sobre el modelo tributario, los requisitos para operar y las obligaciones de protección al usuario. El proyecto que discute punta a combinar objetivos: garantizar una recaudación fiscal sostenible, prohibir el acceso de menores y crear condiciones que favorezcan la formalización de plataformas que acepten reglas claras.

El planteamiento compara a Chile con estándares de países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a naciones con marcos regulatorios establecidos para este tipo de actividades. El autor sostiene que alinearse con esas mejores prácticas daría seguridad jurídica a operadores y mayor protección a los usuarios.

Sin embargo, el debate tiene dilemas concretos por resolver. ¿Cómo medir y aplicar una carga tributaria que no empuje a los usuarios fuera del marco local? ¿Qué mecanismos de control y fiscalización se requieren para identificar y sancionar plataformas que actúen en la opacidad? ¿Qué rol deberán cumplir el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ministerio de Hacienda y otros reguladores en la supervisión? Estas preguntas aún no están definidas en el proyecto.

Desde la perspectiva social, la discusión toca aspectos sensibles: la protección de menores, la prevención del juego problemático y la transparencia en la publicidad hacia públicos vulnerables. Para abordar esos riesgos, será necesario incorporar evidencia de salud pública y voces de expertos en juego responsable, además de la participación de las instituciones encargadas de fiscalizar y recaudar.

Estado actual: la iniciativa se debate en el Congreso y requiere precisión técnica en materias tributarias y de control. Lo que está claro, según la asociación que presentó el argumento, es que la apuesta legislativa busca formalizar un mercado existente y equilibrar recaudación con protección. Qué peso tendrán esas prioridades en la ley, y cómo se articularán los mecanismos de fiscalización, seguirá siendo materia de negociación parlamentaria.