El canciller Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, rechazó este lunes las imputaciones hechas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y negó que el país haya comprometido su seguridad tras la cesación de visas a autoridades chilenas. La declaración se dio después de una reunión de emergencia en La Moneda que convocó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde; al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; y a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

En la cita, el Gobierno analizó las acusaciones del embajador Brandon Judd, representante de Estados Unidos, quien aseguró que Chile había entregado antecedentes sobre supuestos hackeos a empresas y que hubo una reacción insuficiente, justificando así la medida de retirar visas a autoridades. Van Klaveren dijo que el Ejecutivo recibió información sobre posibles intrusiones en empresas de telecomunicaciones y de construcción, y que esos antecedentes fueron derivados, como corresponde, a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile.

El canciller subrayó que "no está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile. Mucho menos la de Estados Unidos, desde alguna acción realizada por nuestro país", y enfatizó que todas las denuncias se toman en serio y se procesan en los cauces institucionales. La Agencia Nacional de Ciberseguridad respondió que recibió información desde el Ministerio de Seguridad Pública, pero que, conforme a la ley, esos asuntos son reservados y no pueden ser comentados públicamente.

Políticamente, la disputa instala una tensión diplomática con Washington. La cesación de visas a una autoridad, en este caso al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, puede erosionar canales de cooperación en materia de inteligencia y seguridad cibernética si no se abre un diálogo técnico y diplomático rápido. En lo inmediato, el Gobierno busca contener el efecto reputacional y asegurar a la ciudadanía que existe una institucionalidad activa para investigar ciberataques.

Históricamente, las fricciones por medidas migratorias o de visas entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos no son inéditas; suelen usarse como presión diplomática en conflictos bilaterales. En ese contexto, el Ejecutivo chileno apuesta por resolver la discrepancia mediante intercambio de antecedentes entre agencias, sin escalar a una ruptura abierta.

Para el ciudadano común, la implicancia concreta es doble: primero, la posibilidad de vulneración de servicios críticos como telecomunicaciones y construcción, que tiene impacto en economía y vida cotidiana; segundo, la necesidad de transparencia mínima sobre riesgos cibernéticos para mantener la confianza pública. Como próximos pasos, el Gobierno informó que continuará los procesos de verificación técnica y que solicitará explicaciones formales a la embajada de Estados Unidos, mientras las autoridades policiales y la Agencia Nacional de Ciberseguridad siguen investigando.