En el debate sobre el proyecto que regula la conmutación de penas para reos de avanzada edad o con problemas de salud, el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente, acusó al Gobierno de Gabriel Boric de intentar deslegitimar la iniciativa de la derecha, y puso en duda las cifras oficiales que, según el Ejecutivo, permitirían beneficiar a 12 mil personas privadas de libertad.
Ramírez dijo que el Gobierno ha intentado “ridiculizar” el texto, y rechazó las afirmaciones según las cuales podrían salir de prisión personas con asma, hipertensión o diabetes. El parlamentario sostuvo que la UDI no aceptaría excarcelaciones por esas condiciones y que su bloque plantea criterios mucho más estrictos que los que, a su juicio, proponen sectores de izquierda.
La diputada Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, anunció que su partido prepara indicaciones para endurecer los requisitos de acceso. Ossandón propuso limitar la medida a casos de “etapa terminal”, y exigir la certeza de que la persona no podrá volver a delinquir. El senador electo Arturo Squella, timonel del Partido Republicano, también abrió a correcciones durante la tramitación y adelantó que podría participar en la Comisión de Constitución, la instancia del Congreso que revisará el articulado.
Desde la futura oposición, el diputado socialistas Arturo Barrios calificó el proyecto como “una aberración, un agravio a la democracia y al Estado de Derecho”, advirtiendo que podría permitir la excarcelación de autores de crímenes de lesa humanidad, homicidas y violadores. Esa lectura evidencia la polarización que rodea la iniciativa.
Este choque recuerda debates previos en Chile donde la tensión entre medidas humanitarias en cárceles y la agenda de seguridad pública abrió fuertes disputas políticas. La discusión actual combina reclamos por trato digno a personas en situación de vulnerabilidad con el temor ciudadano a que la medida se perciba como permisiva frente a la delincuencia.
Quién gana y quién pierde es claro en el corto plazo: las bancadas de derecha ganan espacio para endurecer requisitos y ofrecer una respuesta de seguridad a sus votantes; la izquierda arriesga perder el relato de protección social si no logra comunicar límites claros. Para la ciudadanía, el debate influye en la percepción de seguridad, en la confianza en el sistema penal y en la sensación de justicia de víctimas y familias.
El próximo paso es la tramitación en la Comisión de Constitución, donde se discutirán indicaciones y modificaciones. Ahí se decidirá si la iniciativa se acota a supuestos muy restringidos, como propone parte de la derecha, o si avanza con criterios más amplios, como advirtieron fuentes del Ejecutivo. El resultado tendrá impacto político inmediato y efectos prácticos sobre el sistema penitenciario y la agenda de seguridad pública en Chile.
