En Argentina, la tramitación de la reforma a la Ley de Glaciares quedó congestionada por la masiva inscripción de participantes para las audiencias públicas convocadas para el 25 y 26 de marzo. Las comisiones responsables ya definieron el formato, pero la gran demanda complica el calendario previsto.
El hecho llega en un contexto político claro: gobernadores de provincias mineras viajaron a Nueva York para atraer inversiones y promocionar las virtudes geológicas de sus territorios, aprovechando además la media sanción previa en el Congreso sobre la modificación de la ley. Es una jugada para captar capital extranjero mientras el debate interno se intensifica.
De acuerdo con cifras que circulan entre oficialismo y oposición, se registraron 18.000 inscripciones para intervenir en las audiencias. Bajo el esquema actual, con cinco minutos por expositor, eso equivale a 1.500 horas de exposiciones, casi seis meses de sesiones continuas. La oposición pidió conocer el listado completo de inscriptos, un dato que todavía no publicó el oficialismo.
Las audiencias fueron convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, diputados del bloque La Libertad Avanza. El cronograma contempla exposiciones presenciales en la Sala A del Anexo C de la Cámara de Diputados el primer día, y presentaciones remotas el segundo, para garantizar el carácter federal del debate.
Por presión de bloques opositores, una carta firmada por Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica; Sabrina Selva, diputada del bloque Unión por la Patria; y María Inés Zigarán, diputada de Provincias Unidas, solicita ampliar los días y la duración de la audiencia. En la misiva se exige que "se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo".
Las implicaciones políticas son claras. Para las provincias que intentan seducir a empresas mineras, la demora genera incertidumbre regulatoria y puede enfriar decisiones de inversión. Para las comunidades y organizaciones ambientalistas, la masiva participación ofrece tiempo y visibilidad para plantear objeciones y exigir salvaguardias. Históricamente, la cordillera ha sido escenario de conflictos entre expansión minera y protección de glaciares, un choque que aquí vuelve a ponerse en primer plano.
Para Chile y la región, el episodio importa. La gestión de glaciares en la cordillera Andina es un tema transfronterizo; decisiones legislativas en Argentina pueden afectar estándares, precedentes judiciales y expectativas del mercado para proyectos que operan en cuencas compartidas. En Chile, casos como la presión sobre el Parque Andino Juncal muestran tensiones similares entre conservación y minería.
El próximo paso depende de las comisiones: ampliar las jornadas, publicar el listado de inscriptos y definir si se ajusta el formato de cinco minutos por expositor. La resolución determinará si la reforma puede avanzar con rapidez, o si el proceso se estira por meses, con impacto directo en la llegada de inversiones y en la capacidad de las comunidades de influir en la decisión final.
