Glovo dijo que presentará pruebas ante la justicia italiana para demostrar que sus repartidores reciben "una compensación justa", después de que un juez de Milán aceptara el pedido del fiscal y nombrara un administrador judicial para Foodinho, la filial local señalada por presunta explotación laboral.

El administrador judicial es una persona designada por el tribunal para gestionar la empresa mientras dura la investigación. El fiscal Paolo Storari, el persecutor a cargo en Milán, acusa a Foodinho de operar con un sistema de contratación "en condiciones de explotación" y sostiene que en algunos casos las retribuciones eran hasta 81,62% inferiores a lo fijado por el convenio nacional, el acuerdo colectivo que establece mínimos salariales para el sector.

La investigación recoge testimonios de repartidores, todos extranjeros según la causa, que relatan jornadas de hasta 12 horas y pagos de apenas 2,50 euros por entrega. En agosto pasado un tribunal laboral de Milán ya ordenó a Glovo mejorar pagos y protección de sus repartidores por condiciones extremas de calor, señalando medidas "inadecuadas" de la compañía.

Glovo afirma que ni el tribunal ni la fiscalía han ordenado la contratación directa de los 40.000 repartidores que operan en Italia y se mostró dispuesta a cooperar y aportar "datos y hechos relevantes" para probar cumplimiento legal.

Qué significa esto para Chile. Glovo opera en Chile, por lo que la intervención italiana puede reactivar debates locales sobre la clasificación laboral de repartidores y la fiscalización de las plataformas. Autoridades como la Dirección del Trabajo, que fiscaliza las condiciones laborales, y el Servicio de Impuestos Internos, el SII, podrían recibir mayor atención sobre contratos, cotizaciones y tributación asociada a repartidores.

Para los repartidores, la presión judicial puede traducirse en demandas por contratación directa o mejores condiciones, pero también en cambios operativos de las plataformas, como modificar tarifas por entrega, algoritmos de asignación o incentivos. Para los usuarios, eso puede significar aumentos en el costo de deliveries o menor disponibilidad en el corto plazo, si las empresas ajustan sus márgenes.

Perspectiva. El caso está en etapa de instrucción y no hay condenas firmes. Si la justicia italiana avanza hacia la re-clasificación de repartidores como trabajadores dependientes, sería un precedente relevante en Europa y un antecedente que abogados y sindicatos en América Latina, incluida Chile, observarán con atención. Glovo sostiene que demostrará cumplimiento; la decisión final determinará si se trata de una corrección puntual o de un cambio estructural en la regulación de plataformas de reparto.