El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió públicamente a parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que cuestionaron las cifras del Plan de Emergencia Habitacional, y calificó las críticas como "bastante erróneas" y "un argumento profundamente desinformado".

El choque sucedió luego de que el diputado Juan Fuenzalida, diputado UDI e integrante de la Comisión de Vivienda del Congreso, afirmara que las cifras del Minvu estaban "infladas" y que una parte importante de los inmuebles había sido gestionada durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022). Su compañero de partido, el senador Gustavo Benavente, senador UDI, añadió que existe una deuda pendiente del ministerio con varias empresas contratistas.

En su comunicado, la cartera defendió la continuidad del programa y subrayó que las cifras proyectadas atraviesan administraciones. El Minvu recordó que, según sus registros, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se dejó en proceso 80.863 viviendas, y que la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó otras 118.238 en proceso de construcción o a punto de iniciar obras.

Respecto a los avances de la gestión actual, el ministerio detalló que, a enero de 2026, se han entregado 254.102 viviendas en todo Chile, lo que representa 97,7% de la meta comprometida al inicio de esta administración. Además, señaló que el Plan de Emergencia Habitacional contó con apoyo transversal en el Congreso y que su continuidad quedó refrendada con la prórroga unánime de la Ley 21.450 hasta 2029, un hecho que, según el ministerio, lo proyecta como política de Estado.

Las críticas de los legisladores UDI pusieron el foco en la trazabilidad de las cifras y en la situación de las empresas contratistas que reclaman pagos. El Minvu no negó la existencia de proyectos heredados, pero defendió la suma de esfuerzos y la medición de resultados acumulados entre distintas administraciones.

La disputa instala una tensión política sobre la rendición de cuentas del plan y sobre el seguimiento de contratos y pagos a proveedores, temas que el ministerio deberá aclarar si la controversia persiste. Mientras tanto, la prórroga legislativa garantiza la continuidad del programa, aunque la discusión pública apunta ahora a la fiscalización y a la gestión operativa detrás de las cifras.