La influencer Dai Hernández contó a Infobae que su paso por OnlyFans tuvo un costo personal que rara vez aparece en las redes: recurría al alcohol para "animarse" antes de algunas transmisiones y sufrió ataques de pánico en vivo, según su relato. Además, dice que muchas compañeras le escribieron para decirle que habían vivido experiencias similares, aunque pocas las narren públicamente.

Hernández, hoy de 34 años, no llegó a OnlyFans de manera planificada. Relata una trayectoria que va de la primera ola de fama, cuando en 2016 entrevistó a la ex Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y participó en el evento Latin Girls Learn, a una caída personal marcada por robos, una mudanza a México y la presión económica agravada por la pandemia. Fue en ese contexto que la plataforma de suscripción OnlyFans apareció como una fuente de ingresos complementarios.

El testimonio de Hernández pone en primer plano dos temas convergentes: la precariedad económica detrás de la autopromoción digital, y los riesgos para la salud mental que generan las dinámicas de consumo, exposición y monetización del cuerpo en línea. OnlyFans es una plataforma de suscripción donde creadores y creadoras cobran por contenido exclusivo; su modelo ha abierto oportunidades económicas, pero también nichos de vulnerabilidad que no siempre quedan registrados en cifras.

La denuncia personal de Hernández dialoga con debates más amplios sobre la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas. Recientemente Mark Zuckerberg declaró ante un jurado en Los Ángeles en un juicio que acusa a Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, y a Alphabet, la empresa dueña de Google y YouTube, de diseñar productos que inducen comportamientos adictivos. Ese cruce entre diseño de plataformas y salud mental obliga a repensar qué deberes tienen estas empresas respecto de quienes dependen de ellas para vivir.

En el Cono Sur la discusión es palpable: creadores y creadoras en Chile y otros países latinoamericanos mezclan autonomía económica con falta de protección laboral, ausencia de redes de apoyo y escasa contención psicológica. Los testimonios como el de Hernández exigen pasar de la anécdota a políticas concretas, que vayan desde protocolos para transmisiones en vivo y límites razonables, hasta acceso a servicios de salud mental y mecanismos que reconozcan la labor digital como trabajo sujeto a derechos.

"Ninguna chica lo cuenta, pero muchas me escribieron para decirme que les pasó algo similar", dijo Hernández, y agregó que le sorprende que muchas hablen del dinero, pero no del sufrimiento. Esa tensión, entre la visibilidad efervescente y el desgaste silencioso, revela que la economía digital no es neutral: reproduce asimetrías, expone cuerpos y, en ocasiones, deja frágiles a quienes la sostienen. El desafío ahora es colectivo, y obliga a plataformas, reguladores y sociedades a escuchar lo que hasta ahora se mantuvo en el margen.