La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó enviar oficios a Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, y a su directorio, además de fijar una sesión especial para el miércoles 3 de junio y crear una Comisión Investigadora para ahondar en el tema. La medida surge tras la publicación de una auditoría interna que habría revelado incumplimientos internos y una sobreestimación del desempeño de diciembre, mes en el que la producción alcanzó la cifra récord de 172.300 toneladas métricas de cobre. En ese marco, el diputado Cristián Tapia, representante de la Región de Atacama y afiliado a la coalición Independiente con el PPD, afirmó a Diario Financiero que, de ratificarse las conclusiones, «aquí amerita una querella y una demanda contra quienes resulten responsables de este ocultamiento».
Durante la sesión, Tapia anunció la ponencia de una Comisión Investigadora por 60 días, sujeto a obtener los 62 votos necesarios. En sus palabras, pidió a las bancadas dejar de proteger a Máximo Pacheco y aclaró que no tiene nada personal contra él, pero considera que los hechos configuran una acumulación de actos que deben esclarecerse. Por su parte, el diputado Carlo Arqueros, del Partido Republicano, presentó un oficio dirigido al directorio completo y al Comité de Auditoría Interna de Codelco, además de oficializar la petición para entregar la producción presupuestada y alcanzada de cada una de las siete divisiones para 2024 y 2025.
Más tarde, el diputado Daniel Valenzuela, Independiente con RN, solicitó una sesión especial para que participen figuras clave como Máximo Pacheco, Raúl Puerto, Claudia Rodríguez, Dorothy Pérez, Daniel Mas y Álvaro González. La iniciativa fue aprobada y se consideró invitar también a senadores de la Comisión homónima. La sesión quedó fijada para avanzar en estas citaciones y en el análisis de las cifras en juego. Este movimiento parlamentario se enmarca en un periodo de mayor escrutinio sobre la gestión de la cuprífera estatal y su estructura directiva, con implicaciones para la gobernanza y la transparencia, así como para el debate público sobre costos, metas y desempeño de la empresa.
En ese contexto, el episodio reaviva preguntas sobre precedentes históricos de intervención parlamentaria a una empresa estratégica para Chile, quién gana y quién podría perder en un proceso de investigación y qué impacto tiene para el ciudadano común en términos de costos, servicios y confianza en la administración de una empresa de interés nacional. Las autoridades citadas, desde la Contraloría General de la República hasta Cochilco y el equipo de Minería, quedan bajo escrutinio público y política de transparencia, con posibles repercusiones en el futuro inmediato de la cuprífera estatal.
